MAS EN SOLEDAD

Dos artículos, hoy en El País, de dos catalanes que conocen el paño: Xavier Vidal-Folch examina el cambio en curso en las elites políticas catalanas, y Javier Pérez Andújar se detiene a retratar la figura patética del aprendiz de brujo en su hora más triste: cuando sus trucos de magia potagia le han estallado en la cara.

Del primero destaco la constatación de que la oligarquía nacionalista, pactista y posibilista, que rigió los destinos de esta pequeña nación sin estado, está en paradero desconocido: casi tan desconocido como el de sus ahorros de toda la vida, escondidos en depósitos opacos allende les muntanyes de la pàtria. Nuevas capas de la ciudadanía están tomando el relevo, y son más intransigentes, más difíciles de calmar y de contentar. Advierto en los medios una tendencia a reducir el problema catalán a una negociación que salve la cara a algunos y satisfaga las expectativas razonables de todos. Harán bien, políticos y medios, en tomar nota de que no existe el tal suflé, de que la independencia es una marea de fondo de bastante envergadura, semejante al 15M y nutrida en buena parte de los mismos protagonistas indignados; y también, de que en este momento en Catalunya no hay nadie al mando, por lo cual resulta de una dificultad extrema negociar. Es el inconveniente de haber aplazado las cosas importantes para luego. Después de años de dejar pudrir el problema, ahora habrá que apechar con la gusanera (y con este término metafórico no me estoy refiriendo, nadie lo piense, a los compañeros de la CUP, por los que siento un gran respeto y afecto, aunque en absoluto sintonía).

Del artículo de Pérez Andújar destaco en particular el tono casi cómplice con el que un Artur Mas derrumbado respondió a las críticas de Miquel Iceta, como si este fuera el único de los presentes capaz de comprender sus angustias. «No estoy dispuesto a cualquier cosa para ser president», declaró Mas, a pesar de que es exactamente lo que está haciendo.

Iceta es un experto en la supervivencia frente a las insidias de aparato, y es dudoso que Mas lo sea también. Una cosa es aparecer como el delfín designado a dedo por el patriarca, y disponer de un aparato que trabaja las veinticuatro horas para ti, y otra muy distinta moverte en la jungla sabedor de que “tu” aparato invierte prácticamente el mismo número de horas en ponerte palos en las ruedas. Tampoco el aparato del PSC es hoy lo que ha sido (lo que ha sido históricamente es un trasunto de esa curia vaticana con la que pelea sin tregua el papa Francisco). Y para concluir con esa autoidentificación dudosa, es por lo menos problemático considerar a Mas un superviviente. Bien podría ser la víctima más señalada del tan jaleado choque de trenes.

Si viene a resultar que Mas no tiene futuro como president, ¿quién lo será, entonces? Se barajan los nombres de Raül Romeva y de Neus Munté. Permítanme una ligera mueca de escepticismo. Uno de los principios consagrados de la teoría del populismo, es que sin un líder de carisma potente, un movimiento populista no pasa de una posición subalterna en el tablero político. ¿Alguien duda de que el motor del procès es populismo “de libro”, puro y duro?

 

DEL DERECHO DEL TRABAJO AL TRABAJO SIN DERECHOS

Un ministro francés, socialista, ha propuesto una poda del Code du Travail con el fin de favorecer el empleo; otro (ex) ministro, socialista también, Pierre Joxe, le ha parado los pies con fiereza. Los derechos del código, ha venido a decir, son nuestra historia, son el patrimonio quintaesenciado de muchas luchas, experiencias, vivencias, que han ido conformando nuestro modo de ser-en-el-mundo. No solo no debe recortarse el código; ha de desarrollarse, crecer, ensancharse como la estalactita que cristaliza gota a gota en la penumbra de una caverna; porque los derechos que se han ido decantando a través del tiempo en el código, y en la jurisprudencia que lo acompaña, garantizan la riqueza de formas y colores que se desplegará en un futuro mejor.

El mismo tipo de respuesta enérgica percibo en un texto reciente del maestro José Luis López Bulla (1), que viene a comentar con retranca una reflexión de otro maestro, Umberto Romagnoli, en el mismo sentido antes indicado. «Si vienen a por nosotros, aquí les esperamos», sería el resumen orgulloso de las dos intervenciones (las tres, si contamos la de Joxe).

Valiente patochada, en efecto, la de promover el empleo por la vía de suprimir derechos y dejarlo inerme a los pies del empleador. Lo inadecuado en la modernidad en que nos movemos no son los derechos laborales, sociales y civiles de los trabajadores, sino el tipo de empleo que hoy se está promoviendo. Empleo precario, empleo basura, empleo sin cualidades, sin perspectiva ni futuro. Eso patrocinan las actuales reformas laborales legisladas por los estados. ¿Es ese empleo el que se debe favorecer?

En el fondo de la cuestión subyace la idea de la aceptación por parte de los estados de las leyes “espontáneas” del mercado. Nada menos espontáneo, sin embargo, que tales leyes: se trata de maximizar por cualquier medio legal o ilegal los beneficios de los accionistas, los shareholders, a los que se considera propietarios exclusivos tanto de los elementos materiales de la empresa, como de todos sus intangibles, incluidos el logo, el prestigio de la marca, la cuota de mercado y, cómo no, las técnicas desarrolladas por la empresa en beneficio de la producción (el llamado know-how), y la fuerza de trabajo pasada, presente y futura. Primero se eliminó todo propósito unitario del trabajo mecánico en sí, reduciéndolo a un movimiento espasmódico, veloz y fragmentado, que se sucede siempre igual a sí mismo a lo largo de la jornada. Ahora se despoja de propósito unitario a largo plazo a la misma empresa, que queda reducida a una ficha que los accionistas acuden a apostar en la ruleta del gran casino del mercado global.

“Por cualquier medio legal o ilegal”, he dejado escrito antes. En la literatura de la Escuela económica de Chicago la idea se expresa con toda desenvoltura. Se trata de una cuestión de cálculo de probabilidades: si la previsión prudente de multas o indemnizaciones por quebrantar las leyes sociales y medioambientales en vigor tiene un monto inferior a los gastos de explotación que se derivarían caso de ajustarse la empresa a tales leyes, el camino preferible para los intereses del sujeto económico será sin duda tirar por el camino de en medio y pagar llegado el caso la multa o indemnización correspondiente.

En una visión económica estratégica, tampoco las consideraciones de lesa humanidad son atendibles. Así lo expresó el economista R.A. Posner en 2002, al conocerse las torturas infligidas por la CIA y sus franquicias a los secuaces de Al Qaeda: «If the stakes are high enough, torture is permisible.» (Si las apuestas son lo bastante altas, la tortura es permisible.)

Las “apuestas” eran, no el peligro potencial para los habitantes de las ciudades amenazadas, sino los intereses económicos de la nación, científicamente evaluados y cuantificables hasta el último céntimo.

Desde este punto de vista, la democracia es un estorbo para la economía, puesto que introduce cortapisas que frenan la velocidad de crucero de los negocios. Lo mismo ocurre con el derecho, y en particular con el derecho laboral. Los apóstoles del mercado están dispuestos a transigir con la democracia, en la medida en que esta les deje manos libres en relación con el mercado. También se ven capaces de convivir con el derecho del trabajo y con el sindicalismo, como dos de esas cargas que se soportan en la medida en que no se pueden evitar. Lo que niegan con énfasis es que exista una prelación o prioridad de unos derechos sobre otros. Los “míos” son tan buenos como los de cualquiera, y si atropello con mi conducta algunos derechos ajenos, todo se reduce a una cuestión de arbitraje: cuál es el valor de los derechos pisoteados, y cuáles son las formas y los plazos para resarcirlos.

Esa es la lógica que subyace en la negociación del TTIP, en la rapiña de las materias primas en países del tercer mundo, en los derechos pesqueros sobre las ballenas y otras especies, en la contaminación del medio ambiente bajo la ficción de que este es infinitamente renovable.

El iuslaboralismo  no debe variar sus valores, sus propósitos ni su determinación de luchar por imponer la justicia, en este universo devastado; tampoco el sindicalismo debe cejar en su empeño, por más que le resulte imposible en la práctica abarcarlo todo.

Y ¿qué decir de los estados, el florón de nuestra civilización, el mecanismo más perfecto que ha desarrollado para la promoción de la igualdad y la distribución eficaz de la riqueza social? Los estados, los gobiernos progresistas, deberían encabezar la lucha de toda la sociedad contra el filibusterismo de las grandes corporaciones y del capital financiero. Es una cuestión de supervivencia para todos.

 

(1) http://lopezbulla.blogspot.com.es/2015/11/la-cultura-juridica-de-la-izquierda-no.html

 

HABAS CONTADAS

A la espera de los resultados del pleno que va a celebrarse hoy en el Parlament de Catalunya, no podemos evitar la sensación de que, en los pasillos y en las antesalas de la política de toda la vida, están pasando muchas más cosas de las que están pasando.

Perro viejo no aprende trucos nuevos, se dice. Y da la sensación de que en Convergència no han acabado de cogerle el truco a la coyuntura. Les pareció en su momento una buena idea subirse en marcha al tren de la independencia para sacudirse con una iniciativa audaz los ninguneos del poder central y las presiones crecientes de la Inspección de Hacienda, dos importantes factores desestabilizadores. Durante la etapa Pujol, por cierto, también habían existido los dos factores de riesgo, y habían sido satisfactoriamente desactivados, gracias, por supuesto, a la superioridad natural de la refinada política catalana sobre la rusticidad carpetovetónica. Pero, por alguna razón no especificada en el folleto de instrucciones, el mecanismo había dejado de funcionar, no rutllava como se dice por aquí.

La apelación a la independencia ha desbordado las expectativas de la clase política tradicional. Todo fue bien mientras se encuadró en unas grandes manifestaciones de calle, en el anhelo expresado festivamente de tot un poble. El mutismo del gobierno del PP se interpretaba como un repliegue temeroso: «Cederán», murmuraban los líderes guiñando un ojo a la intención de sus bases, conscientes del ceño de preocupación cada vez más acentuado que componían las elites de los negocios, que siempre respaldaron con armas y bagajes un nacionalismo de juegos florales temperado por la primacía indiscutible del negocio sobre la política.

Ahora ya no se trata de manifestaciones patrióticas, sino del parlament. De la primacía de la política sobre el negocio. Resulta que aquel paripé que se montó, hay quien lo ha tomado en serio. Pero per l’amor de Déu, ¿quiénes son esos de la CUP?

Para Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de JxSí, la cuestión de fondo es la democracia, pero no parece entender muy bien qué es la democracia. Para él, según se desprende de sus explicaciones, la democracia son faves contades. Si hemos sacado 72 escaños, y los demás menos, se ha de hacer lo que decimos los que somos más. Si dentro de los 72 de la mayoría, hay 10 que tienen una opinión diferente acerca de quién debe ser el president, esos 10 han de inclinarse delante de los otros 62 porque son minoría. Si dentro de los 62 hay gentes (de Esquerra o independientes) que discrepan, han de ceder a su vez frente al resto mayoritario. Y así sucesivamente, como ocurre con las cajas chinas, la mayoría se va empequeñeciendo hasta quedar reducida al núcleo oligárquico de los que mandan “de verdad”, como siempre ha sido.

Y ahí es donde todos los cálculos fallan, y donde se multiplican las corredisses y las conspiraciones de pasillo. El pal de paller se resquebraja, su capacidad de atracción de satélites en órbitas satisfactoriamente establecidas se ha desvanecido, todo son prisas, torpezas y tropezones. Pase lo que pase a partir de la sesión de hoy en el Parlament, el gobierno de Catalunya no va a ser en adelante “como siempre ha sido”.

 

VIOLENCIAS MACHISTAS

La marcha a Madrid convocada para hoy por colectivos feministas de toda España se sitúa bajo el lema del No a las violencias machistas. El plural es oportuno. Hay distintas formas de violencia machista contra las mujeres: violencia física, directa, en no pocas ocasiones con resultado de muerte; violencia psicológica, más sutil pero no menos devastadora; acoso en sus diferentes modalidades (sexual, laboral), y también otras formas concomitantes que procuran la invisibilidad de las mujeres, la vulneración de su autoestima, la consideración del colectivo femenino como una “clase de tropa” llamada a empedrar el camino para que transiten por él otros seres radiantes llamados a destinos más altos.

Ni violencia ni machismo son términos unívocos. A cada una de las violencias diferentes que se ejercen sobre las mujeres, corresponde un tipo diferenciado de machismo. Machismo sexual, social, político, religioso, profesional.

Es oportuno, en consecuencia, el plural que aparece en la convocatoria.

Ganar la calle para hacerse visibles, tal es el reto que tienen por delante las militantes feministas. En un momento de precampaña electoral, se pide a los partidos políticos no una foto, sino un compromiso. Permanente. Solo un compromiso permanente de la política con este problema conseguirá sentar las bases para erradicarlo de una sociedad profundamente infiltrada de machismo desde distintos vectores.

Han muerto este año 43 mujeres asesinadas por sus compañeros varones. La violencia de género ha matado, de hecho, a bastantes más personas, por lo general parientes (hijas/os en primer lugar), amigas o familiares de las malqueridas, o que intentaron defenderlas;  la cifra de 43 acota simplemente la circunstancia de la relación directa entre víctima y atacante. La estadística, claramente incompleta, señala más de 800 muertes de este tipo, desde 2003. Pero cada día (cada día, 365 al año) se producen por término medio 266 denuncias por violencia de género.

Son cifras muy serias, y aun así no agotan el problema. Les propongo una reflexión sobre estos otros datos, recién hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los salarios han disminuido en España en el último año. Ha habido un aumento para los escalones salariales más altos, y un descenso en el resto de la pirámide salarial. Por sexos, las diferencias son llamativas: en el escalón salarial más bajo, por debajo de los 665 euros brutos mensuales, se encuentra el 4,9% del total de asalariados varones, y el 15,5% de las mujeres (más del triple, en porcentaje). Si miramos a los salarios por debajo de los 1220 euros brutos, allí están el 19,7% de los varones – uno de cada cinco –, y el 41,1% – cerca de la mitad – de las mujeres. En el otro extremo, la punta de la pirámide, por encima de los 3353,8 euros mensuales encontramos a un 13,1% de los varones y solo al 6,7% de las mujeres. Ojo, no se trata de porcentajes homogéneos, la tasa de actividad masculina es superior a la femenina, de modo que esta forma de cuantificar dulcifica la desigualdad realmente existente (un 6,7% de las mujeres trabajadoras son menos en número que un 6,7% de los hombres).

La discriminación profesional y salarial es también una forma de agresión. Cuando se discrimina a las mujeres en el trabajo por razón de su sexo, eso es también violencia machista. En un momento en el que se cuantifican por millones los empleos que se van a crear en la legislatura que alborea, conviene que los políticos tengan muy en cuenta estos “minúsculos” detalles en sus programas. No solo se trata de que haya más puestos de trabajo sino de cómo se reparten, con qué características, y bajo qué condiciones y garantías. En la sociedad, en el trabajo, en la vida personal y en la vocación política también, habremos de movilizarnos por un trato más justo. Para todos, naturalmente; pero con una vigilancia muy especial, para las mujeres.

Feliz jornada del 7N, compañeras.

 

LA VIRUELA Y LAS PROBABILIDADES

Algunos espíritus delicados, entre los que me cuento, sentimos una repugnancia instintiva cuando vemos que en la legislación social se sustituyen las circunstancias humanas particulares por tablas de grandes números basadas en cálculos de medias ponderadas. Ese sistema fue, por ejemplo, la base científica que animó el Estado providente, el Welfare State, puesto en marcha en Gran Bretaña en 1945 bajo el impulso del liberal Lord William Henry Beveridge. El welfare hizo fortuna; su extensión a todo el espacio europeo occidental, durante los treinta años del ciclo largo de prosperidad, fue para la socialdemocracia dominante un paseo militar más que una batalla, y mejoró sin la menor duda todos los estándares de vida de las poblaciones implicadas. El modelo estadístico ampliamente utilizado para su implantación y funcionamiento, sin embargo, ha podido ser una de las causas de tanta infelicidad concreta como generó en el curso de su larga vida el Bienestar prometido a los trabajadores industriales y ciudadanos en general.

He encontrado un curioso precedente del problema en la lectura del libro de Alain Supiot La gouvernance par les nombres (Fayard 2015). En 1760 se discutía en Francia la oportunidad de establecer de modo obligatorio la vacuna contra la viruela. Se sabía que una medida así haría retroceder la enfermedad, pero también que la vacuna resultaría mortal para algunas de las personas inoculadas. Mediante estadísticas bastante incompletas se llegó a establecer la probabilidad de mortalidad en torno a un orden de 1/300. Así cuenta Supiot lo que sucedió entonces (la traducción es mía):

«En una memoria presentada a la Academia de Ciencias en 1760, Daniel Bernoulli propuso aplicar a la resolución del problema una fórmula análoga a la utilizada para calcular las probabilidades de ganar a la lotería. Como ese cálculo mostraba que por término medio las personas vacunadas ganarían tres años de esperanza de vida, la conclusión implícita era favorable a una generalización de la vacunación. Su punto de vista fue compartido por la mayoría de los espíritus ilustrados de la época, en particular por Voltaire. Según ellos el debate, que resultó apasionado, enfrentaba a las fuerzas de progreso y a las de la reacción, y el progreso consistía en indexar en el gobierno de los hombres los datos suministrados por la ciencia. El único entre los filósofos que se opuso a Bernoulli fue D’Alembert, que señaló que en un problema que afectaba a la vida humana no podía aplicarse un cálculo basado en datos imperfectos o incompletos.»

Está claro, a lo que entiendo, que Voltaire llevaba la razón, pero también era importante tener presente la objeción de D’Alembert. Es decir, la solución en un caso así pasa por indexar en el gobierno de los hombres los datos científicos, pero sin perder nunca de vista que se legisla para personas, no para porcentajes ni para medias estadísticas.

Esa cautela saludable se ha perdido hoy por completo. Cuando lo que rige son los grandes números, pertenecer a una minoría distinta de la elite social representa una catástrofe. Todas las decisiones económicas de todos los gobiernos, y todas las promesas electorales que se barajan en este campo, toman como base los números macroeconómicos (lo cual no es malo en sí), y hacen abstracción de todas las realidades concomitantes, o medioambientales si se quiere, o escénicas incluso, que tienen una significación destacada en la vida cotidiana de la gente. Se trabaja con la brocha gorda, no hay lugar para el matiz; y sin embargo la estructura social dista de ser un bloque homogéneo, hay cientos de diferencias sutiles que marcan límites y gradaciones en el conglomerado complejo de lo que antes se definía como clases o estamentos sociales.

No me refiero tanto a la asignatura pendiente de la inserción social de los marginados, que también, como a la movilidad hacia arriba, a las aspiraciones íntimas, legítimas y nunca iguales, de las personas caracterizadas en sentido amplio como pertenecientes a sectores profesionales de capas medias/bajas. A las mujeres en particular, que se ven afectadas en nuestra peculiar estructura social por una problemática muy específica. A cuestiones tales como la conciliación de la vida laboral, la familiar y la personal; a la vieja utopía de la formación permanente; a la cultura como apertura a otros horizontes y como vía de realización personal; al ocio creativo. Todo aquello que considerábamos a tocar de mano cuando vino a aplastarnos contra el barro la bota de plomo de las fuerzas desencadenadas por la crisis financiera.

 

RAIMON NO ES TRIGO LIMPIO

Sabemos por monseñor Cañizares que no todos los refugiados que llegan a nuestras costas son trigo limpio, pero recientes sucesos nos obligan a extremar la vigilancia: puede que tampoco lo sean otras gentes no refugiadas, sino de aquí de toda la vida.

Así lo pensaba, y supongo que lo sigue pensando, Alfonso Rus, alcalde de Xàtiva a lo largo de 20 años, de Raimon Pelegero, un tarambana nacido en la capital de La Costera que entonaba por ahí (nunca se le dio permiso para hacerlo en la misma Xàtiva, faltaría más) canciones propias o ajenas de tono claramente subversivo y/o cultural, cosa incluso peor, porque es sabido que la cultura no es sino subversión disfrazada con una piel de cordero.

En todo caso, Rus hubo de dimitir como alcalde y como presidente de la Diputación de Valencia debido a pequeños tropiezos con la justicia a cuenta de unas comisiones cobradas a cambio de contratos públicos (¿les suena la música?), y la otrora límpida trayectoria del Ayuntamiento la empaña hoy una conjura turbia de socialistas, Esquerra Unida y Compromís. Claro, les ha faltado tiempo para iniciar los trámites pertinentes para nombrar a Raimon hijo predilecto de Xàtiva, y rubricar el nombramiento con un homenaje popular.

Nos lo cuenta Maria Josep Serra en El País. El expediente sigue adelante en estos momentos, con el voto en contra del grupo municipal del PP y la abstención de Ciudadanos. Las alegaciones de ambos merecen algún comentario.

Desde el PP afirman que la iniciativa carece de apoyo popular, y que el acto de homenaje saldrá muy caro. Lo cierto es que se ha cambiado el lugar previsto inicialmente para el acto, que tenía capacidad para 350 plazas, y se ha trasladado al Gran Teatre de Xàtiva, con un aforo de 750 asientos. Los gastos previstos (15.000 euros) quedan totalmente cubiertos con la venta de entradas. Las entradas en cuestión están ya vendidas en su totalidad, los vecinos se las quitaban literalmente de las manos a las taquilleras.

¿Dónde queda entonces la falta de apoyo popular que alega el PP? Con mayor precisión debía de haber afirmado que existe falta de apoyo “del grupo Popular”. Entonces, sí. Los datos cuadran.

Más surrealista es la explicación que da el edil de Ciudadanos, Juan Giner, sobre la abstención de su formación. Esto es lo que ha dicho: “Raimon es un artista que ha hecho su carrera lejos de nuestra tierra y es allí donde ha dejado su legado”.  

El argumento es agudo. De extenderse la llamada “doctrina Giner” a lo largo y ancho de nuestra geografía, habría de ser retirada la estatua de Andrés Iniesta que luce en el centro de Fuentealbilla; Campo de Criptana negaría por tres veces, incluido canto de gallo, a Sarita Montiel, por considerarse que no tenía arraigo allí sino en Jolivú; de Antonio Banderas preguntarían en Málaga “¿y en qué nos toca a nosotros ese señor?”; y en Manacor se diría que la paternidad predilecta de Rafa Nadal la ostenta un señor llamado Roland Garros que jamás ha aparecido por Ses Illes ni en pintura.

Ustedes son libres de pensar lo que quieran, pero a mí me parece que el citado Juan Giner anda más próximo al título honorífico de “tonto del pueblo”, de honda raigambre en nuestra geografía sentimental, que al de setabense ilustre. Para decirlo de forma cruda, el único lustre que podría dar Giner al lugar que le ha visto nacer sería el que pongan los limpiabotas en sus zapatos, a base de betún, saliva y trapo.

Y todo porque le ha dado reparo difundir a los cuatro vientos la verdad sencilla y apostólica de monseñor Cañizares: que Raimon no es trigo limpio, no es “de los nuestros”.

 

LA MEMORIA DE LAS COSAS

Claro que sí, las cosas también tienen memoria, unas veces más transparente, otras menos, y es posible reconstruirla si se utilizan las herramientas adecuadas. La piedra de un fósil guarda después de cientos de miles de años los trazos del ser vivo que fue, del mismo modo que una cuneta, en la revuelta de una carretera vecinal, puede revelar, pasados los fastos del olvido histórico sistemático, los nombres y las circunstancias de las personas enterradas sumariamente en ella después de ser baleadas.

Las cosas tienen su propia memoria. El carbono 14 precisa la edad de yacimientos prehistóricos que afloran bajo capas y más capas de residuos y aluviones para hablarnos de la vida material y las costumbres de grupos humanos de los que no queda ningún otro rastro sobre la tierra. Técnicas radiográficas sofisticadas descubren, debajo de la grupa de un corcel pintado de mano maestra, el esbozo del gesto agresivo de un soldado que ocupó anteriormente ese mismo lugar en la composición del cuadro de batalla. Y como los pergaminos antiguos se rascaban de vez en cuando para poder ser reutilizados, es posible hoy redescubrir hasta cuatro o cinco capas sucesivas de escritura (“palimpsestos”) en un único soporte.

La memoria de las cosas nos proporciona una perspectiva larga acerca de quiénes somos y de dónde venimos. A veces esta información no gusta a los propietarios actuales de cosas que resultan estar repletas de una memoria histórica que reclama a gritos un respeto mayor que aquel con el que son tratadas.

Leo en la prensa las protestas de expertos por el descuido con el que se tratan espacios de la catedral de Córdoba no relacionados con el culto actual que se practica en ella. Por poner un ejemplo palpable y patente, se han acondicionado al parecer unos aseos para visitantes en la zona contigua a lo que fue el mihrab, el punto en el que confluían las miradas y las posiciones de los orantes por indicar la dirección de la Meca.

La catedral de Córdoba es un recinto que, por todas las costuras de su construcción y de su disposición, revela su anterior condición de mezquita califal de los omeyas, baricentro como quien dice de toda una civilización tan rica y tan hispánica como la actual por lo menos, con todos los ADNs y los documentos de identidad en regla. Negar su condición anterior de mezquita es negar la historia misma de España, a menos que se quiera reducir la historia de España a una de sus componentes religiosas mayoritarias. El ingrediente musulmán, el judío, y no hablemos ya de otras creencias religiosas más minoritarias, como las de los cátaros, los luteranos o los masones, tienden a ser considerados por la ortodoxia oficial, que aún subsiste a pesar de todas las constituciones, como anécdotas foráneas, extrañas a las esencias del pueblo y de la raza, “heterodoxas” en la fina definición de don Marcelino Menéndez Pelayo.

Si no tomamos como punto de partida el respeto a la historia completa del país, incluidos en él todos sus habitantes heterogéneos u heterodoxos, no resolveremos de forma adecuada ni las viejas contradicciones ni las nuevas. Albert Rivera (C’s) ha hablado recientemente de la memoria histórica con un irrespeto tan burlón como Pablo Casado (PP), que llamó “carcas” a quienes la reclaman. Va a ser que lo moderno es disolver a los demócratas a hisopazos.

 

CARTA DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Ante la llamativa ausencia de propuestas programáticas sobre el trabajo decente, o siquiera sobre el trabajo a secas, por parte de los partidos que aspiran a gobernar después de las elecciones del 20D, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han hecho pública una propuesta de Carta de Derechos de los trabajadores, y su intención es presentarla a las distintas listas electorales (partidos, coaliciones y plataformas) como base para un gran acuerdo nacional sobre estos temas. La Carta de los sindicatos nace con la vocación de inspirar, tanto las reformas que se establezcan en la “reforma” laboral vigente, como la redacción de un posible y deseable nuevo Estatuto de los Trabajadores, e incluso, en una perspectiva más lejana por la dificultad de establecer los consensos necesarios, una revisión sosegada de la Constitución española.

La Carta de Derechos es sencilla, clara y valiosa. Establece un decálogo de principios generales, no un articulado concreto. Es difícil no estar de acuerdo con ese decálogo, pero hay que convenir que nace a contrapelo de dos tendencias muy incrustadas en la mentalidad y en los prejuicios de una parte considerable de nuestra clase política.

A saber: de una parte propone derechos para los trabajadores, cuando el punto de partida habitual en el razonamiento de nuestras clases dirigentes es que los trabajadores no han de tener derechos, sino meramente obligaciones relacionadas con la función que se les encomienda, porque para eso se les paga.

De otra parte, la iniciativa procede de los sindicatos, y existe la idea extendida de que los sindicatos son una pejiguera que no sirve para nada: si hacen huelga porque hacen huelga, si no la hacen porque no la hacen; si defienden a los trabajadores, porque no son representativos; si no los defienden, porque son unos gorrones que se dan la gran vida a cuenta de su “liberación” a cargo de la empresa. Desde la derecha, se acusa al sindicalismo de estimular la pereza y la baja productividad; desde la izquierda radical, se le considera traidor a la “clase” revolucionaria o a su avatar más reciente, la “gente”.

Este tipo de argumentos-clichés, de amplio uso tanto en las tertulias radiofónicas como en las barras de bar, compromete la respuesta colectiva necesaria a la situación por la que atraviesa el empleo, ampliamente precarizado y desamparado de derechos individuales, sociales y ciudadanos, en una coyuntura dramática para la economía, no ya de nuestro país sino de todo el entorno geográfico e institucional.

Pero los sindicatos existen. Actúan. Son eficaces. No en todos los flancos, por supuesto, no en todas las ocasiones. No son todopoderosos. No pueden hacer milagros contra las imposiciones de los poderes económicos y de una legislación neoautoritaria y restrictiva. Nadie les puede pedir que sean más campeadores que el Cid; éste, según nos cuentan las historias, ganó alguna batalla después de muerto, pero a los sindicatos algunos les exigen ganar las batallas después de matarlos.

Los sindicatos deben ser escuchados. Su propuesta debe ser atendida.

Un consenso de principio sobre los grandes temas de los derechos sociales y de ciudadanía generados por el trabajo hará que en muchos despachos las manos se alcen a las cabezas. Los editoriales de la prensa diaria tronarán contra el despropósito. Se dirá mil veces que no hay dinero para tal cosa, y se repetirá el paripé de que los caudales públicos no están para ser invertidos en bienes de carácter público, sino para objetivos más altos. Etcétera.

Los sindicatos deben ser escuchados. Su propuesta debe ser atendida.

 

LA RAZÓN A TODA COSTA

«Nuestro error ha sido hacer las cosas bien», ha dicho Rosa Díez en el momento de la despedida como portavoz parlamentaria de su partido, UPyD. Y también: «Hubo gente que se despistó y no nos vio en los últimos años.»

Mucha gente, en efecto. Y no solo la gente. Díez ha culpado de la situación en la que se encuentra su partido a una política de acoso y derribo de los “otros”, de todos los otros. «Obligamos a los demás a mirarse en el espejo y verse feos», ha declarado. La envidia, entonces, se ha cobrado su venganza y ha arrancado de cuajo la prístina belleza de UPyD. Con la complicidad de los medios, claro está. Los medios vienen a ser en la política como los árbitros en el fútbol: cargan con todas las culpas, son ellos siempre los que echan a perder tantos planteamientos perfectos en choques que había que ganar sí o sí.

Mirando a los sucesos actuales de Cataluña, ha dicho Díez que la actual agresión de los “golpistas” a todos los demócratas no habría ocurrido, de habérsele hecho caso a ella. Es cierto, hace ya algún tiempo que preconizó la ocupación militar del territorio y la suspensión de la autonomía.

La última comparecencia de la ex lideresa de un partido ya extraparlamentario deja un regusto amargo. Ni un átomo de autocrítica, ni una migaja de humildad. Solo el orgullo de haber tenido tanta razón. Tanta razón, matizo, como ella creía tener (en la percepción de otros no era, ni mucho menos, "tanta").

Querer tener razón a toda costa no es un gran bagaje, en política. Conviene contrastar en todo momento las propias convicciones, siempre justas al modo de ver de quien las mantiene, siempre inobjetables, con el eco que generan en la gente a la que se está pidiendo el voto.

La “gente” no pretende llevar toda la razón en cada pleito que se le pone por delante; pero no se deja convencer con facilidad por los picos de oro. La “gente” se equivoca al votar, claro que sí; no hace falta traer a colación ejemplos de líderes desastrosos aupados al poder por las urnas.

En todo caso, para acumular votos hacen falta, no buenas razones, sino motivos poderosos de identificación. Y al líder que yerra no se le tienen en cuenta sus errores, si la identificación se mantiene. Cada elector tiene conciencia de que él mismo no es infalible, y por esa razón está predispuesto a aceptar que su elegido tampoco lo sea. No lo elige porque sepa más, lo elige porque lo siente más próximo.

Por todo lo cual, concluyo – y esta es una reflexión de orden general, no limitada en exclusiva al caso de Rosa Díez – que, cuando desde una formación se advierte un despego persistente del electorado, conviene, más que una reafirmación en las razones de peso que han sustentado la línea política seguida y ratificada por las asambleas congresuales y los órganos regulares de gobierno, abordar desde el colectivo una línea clara de rectificación, antes de que sea demasiado tarde. Que, al sentirse en una posición insegura, esa formación busque asentarse colocándose uno o dos pasos al frente de la opinión de las gentes sencillas. A no muchos metros de distancia, para no hacer difícil el enganche.

 

LA OBRA DEL CREADOR

Manuel Fraijó, en un artículo en El País, comenta el caso de una comisión de teólogos que, reinando en España Felipe IV, rechazó un plan para canalizar los ríos Tajo y Manzanares con el argumento de que, de haber querido tal cosa Dios todopoderoso, la habría hecho por Sí mismo. No siendo así, no correspondía a los hombres enmendar la obra divina.

Hoy, mucho más acostumbrados a la tolerancia divina para con las injerencias humanas en Su Obra, incluidas las aberraciones que están dando lugar al cambio climático, ese punto de vista nos parece pura superstición. Hay rastros de pensamiento supersticioso tradicional con muchos siglos de pedigrí; por ejemplo, en la cuestión de los puentes. Multitud de puentes medievales repartidos por toda Europa siguen siendo llamados “del Diablo”, y los romanos antiguos dieron el título de pontifex, constructor de puentes, a una de sus más altas magistraturas político-religiosas. Por cierto que el nombre de pontífice, desligado de su función concreta, ha perdurado hasta nuestros días.

En una obra de tradición popular representada el año pasado en Barcelona por un grupo chipriota de teatro, danza y música coral, seguí la narración de la construcción de un puente en la que el diablo derrumbaba por la noche lo que se había levantado durante el día. Para superar la maldición, los “expertos” señalaron como solución la ofrenda a Dios de un sacrificio humano: el de la esposa del constructor o “pontifex”. La mujer fue bajada hasta los cimientos de la obra. Antes de ser sepultada allí, maldijo a todos cuantos pasaran por el puente en el futuro; pero sus convecinos la convencieron de que no lo hiciera. ¿Maldeciría acaso a su mismo hermano, que de vuelta de la guerra habría de pasar por ese mismo lugar para volver a su pueblo a casarse? Al final la mujer se resigna a morir en aras del progreso y el bien del común.

Quizás ese mismo rasgo supersticioso (el desafío a la obra divina) subyace en una leyenda sobre Martín de Aldehuela, el arquitecto que acabó la construcción del Puente Nuevo de Ronda sobre el tajo del río Guadalevín. Aldehuela murió de enfermedad, en su cama, en Málaga en 1802, pero sigue en pie una leyenda según la cual se despeñó desde lo alto del puente el día mismo en el que concluían los trabajos.

Dios existe o no, pero en cualquier caso Su Obra, el mundo, despierta sentimientos encontrados. A unos les agrada el orden admirable que perciben en el mundo, e insisten en no tocarlo por ninguna razón; a otros, muy al contrario, les desagrada el desorden aborrecible del mundo, e insisten en rectificarlo como sea. La Ley, ese invento genuinamente humano, ha sido tradicionalmente considerada como emanación de la autoridad divina, y guardada en el santuario de las cosas sagradas. La Ley consagra un Orden, y ese orden es considerado por los propietarios como algo “natural” y digno de preservación, y por los desposeídos como una extorsión insufrible. En la época de mayor florecimiento de la disciplina jurídica bautizada como Derecho Natural, la institución de la esclavitud no era percibida como contradictoria a la armonía de las esferas. Dos siglos más tarde, sí. Galileo fue condenado como hereje por sus teorías sobre el orden cósmico, y reivindicado dos siglos más tarde.

Hoy el orden que se pretende imponer es el derecho de los ricos a ser más ricos, y la imposibilidad de mejorar la vida de quienes no lo son. No hay una teología detrás de ese intento de conformar la vida a una horma férrea; sí hay una ideología, y una hegemonía cultural incipiente que amenaza con instalarla de forma duradera. ¿Habrá que esperar dos siglos, también, para rebatirla?

 

EL AVATAR DE LA GOBERNANZA

En un libro de aparición reciente, La gouvernance par les nombres (Fayard 2015), Alain Supiot, catedrático de “Estado social y mundialización” en el Collège de France, desvela las características de la nueva racionalidad que preside la actuación de los gobiernos y las instituciones económicas en el área del capitalismo occidental. Hemos pasado del gobierno a la gobernanza, afirma, y rastrea la fortuna creciente de la expresión, desde sus orígenes (franceses, pero adoptados por la pragmática escuela anglosajona de los negocios con un sentido sutilmente diferente), hasta su consagración en el vocabulario mundializado (globalizado, si se prefiere) con el documento, emitido por la OCDE, Principles of Corporate Governance (1998), y su réplica en una comunicación de la Comisión Europea al Parlamento, titulada Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union (2003).

El término “gobernanza” equivale al principio a “buena gestión de la empresa”, según unas pautas que era preciso redefinir en un período caracterizado por grandes mutaciones en el modo de producir bienes y servicios; poco a poco, sin embargo, el vocablo amplió su significado propiamente económico y vino a contaminar el universo de la política.

No es el primer caso, ya sucedió otro tanto con el taylorismo: el modo de organizar y de regir el mundo de la empresa tiende a extenderse sin remedio a la forma de concebir el resto de estructuras sociales. El gobernante se asimila al gerente de una compañía, y las estructuras de gobierno a una gran sociedad anónima atenta a gestionar los beneficios que va a repartir entre los accionistas al final de cada ejercicio.

Los humanos funcionamos así, por metáforas. Pero, como ya advirtió Pablo Neruda a su cartero, las metáforas no son inocuas. El paso paulatino del gobierno a la gobernanza en la política ha conllevado, de la misma forma que en la empresa, mutaciones de un orden descomunal.

Vayamos por partes. En la empresa de tipo fordista existía, explica Supiot, «una estructura integrada y jerarquizada, que proveía de seguridad económica a sus asalariados.» Fue el modelo que dominó los «treinta años gloriosos» que llevaron a su apogeo al Estado social. Con la sustitución del fordismo por la Corporate governance, la empresa pasa a concebirse como «una red de unidades de creación de valor», motivada, no por objetivos susceptibles de una medición constatable, tales como la productividad, sino por el objetivo último de «la maximización para cada cual de su propio interés.»

El trabajo desaparece en esta nueva concepción de la empresa; los asalariados pasan a ser denominados «recursos humanos» o «capital humano», y el trabajo propiamente dicho es sustituido por la noción de «funcionamiento». Ya no existe la división taylorista entre una minoría que diseña y una mayoría que ejecuta; la nueva visión de la empresa está relacionada con la «programación», cibernética y por consiguiente no humana; y esta se dirige a «optimizar las performances», es decir, en último término, los resultados financieros, que se convierten en el metro de platino iridiado por el que se mide la «buena gobernanza» de la empresa.

El panorama es ya lo bastante terrorífico si nos ceñimos al mundo de la empresa y la economía; pero, como he señalado antes, la nueva concepción ha contaminado también la esfera de la política. Sus heraldos han sido, desde los años postreros del siglo pasado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que impusieron a los países en vías de desarrollo métodos de «gobernanza» en el marco de planes de ajuste estructural y de lucha contra la pobreza. Joseph Stiglitz, que fue economista jefe del Banco Mundial en 1997-2000, ha explicado que tales planes consistieron sin excepción en someter las políticas de los países concernidos a los intereses de los financieros de los países industrializados.

De ahí el término ha saltado al vocabulario de la Unión Europea, y se utiliza abundantemente en un contexto globalizado. Hemos cambiado nuestras constituciones para dar entrada a un principio de gobernanza no debatido por los ciudadanos que han de soportarlo. Y esto no es más que el principio.

Porque si en la empresa el “trabajo” se ha convertido, por arte de gobernanza, en “funcionamiento”, en política la «democracia» desaparece también y cede su lugar a la «gestión». El gobierno, antes, quedaba en última instancia en manos de los hombres, y tenía como límite un entramado de leyes que era obligado obedecer. La gobernanza aparece, en cambio, como el último avatar del Leviatán de Hobbes: una máquina de gobernar todopoderosa, inhumana, regida no por leyes sino por programas informáticos que garantizan su retroalimentación y, en consecuencia, su funcionamiento durante un tiempo indefinido. Durante una eternidad, para decirlo en breve.

Cuando Julio Anguita planteaba su famosa trilogía «programa, programa y programa», no podía imaginar que ahora el propósito del mundo de los negocios y de la oligarquía financiera consiste precisamente en poner a punto una programación completa de la sociedad, sustraída a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos, como los trabajadores, no pintan nada en los entresijos de la gobernanza.

 

CUANDO LOS NÚMEROS NO NOS AVALAN

No es posible entender lo que está ocurriendo en Catalunya sin cotejarlo con la situación política en el resto del Estado. El órdago independentista del Parlament es una insensatez que se encuentra en profunda sintonía con el desgobierno que emana del extraño gabinete friqui de Mariano Rajoy; la declaración solemne de desobediencia catalana a las leyes españolas se corresponde con la incoherencia venenosa de la frenética actividad legislativa del rodillo parlamentario popular. Como dos espejos colocados en paralelo, los dos poderes nos muestran una misma imagen invertida y repetida hasta el infinito. Son tal para cual.

Ya conocen ustedes mi interpretación de la situación: ha habido un choque de trenes y un descarrilamiento catastrófico. Hay víctimas, pero muchas de ellas aún no han sido identificadas. Entre ellas es muy posible que se encuentren el partido hasta ahora de referencia en Catalunya, CDC, y su capitán de industria, Artur Mas. A este último se le está intentando rescatar de entre los hierros retorcidos del convoy siniestrado. La operación de rescate tiene visos de muy delicada.

Mariano Rajoy no ha quedado en condiciones mucho mejores, después del topetazo. Anda buscando un balón de oxígeno, en su ansia por sobrevivir o, al menos, salvar los muebles. Con cansina monotonía nos explica una y otra vez cómo libró él solo a España del rescate bancario, y cómo los números nos sitúan hoy en cabeza del desarrollo y la prosperidad europea.

Pero los números no avalan esa realidad. La deuda se ha disparado, el consumo se retrae, las cifras sobre mejoría del desempleo no resisten el análisis, y estamos en la cola de Europa en unos cuantos índices de desarrollo humano. Es una tendencia bien documentada y analizada la propensión de los políticos a no actuar sobre la realidad, sino sobre los datos estadísticos; a preferir, por decirlo de alguna manera, el recurso al plano en lugar del recorrido sobre el terreno. Pero lo que resulta inédito, y además chusco, es falsificar el plano para certificar que estamos avanzando cuando en realidad no nos hemos movido. El gozoso asombro de Mariano al aplaudirse a sí mismo, en esas entrevistas recientes, por lo bien que lo ha hecho, deriva quizá de que se cree sus propias mentiras. De ser así, eso daría, mejor que ningún otro instrumento de medición, la talla del personaje.

No es el único, con todo, en engañarse sobre los números. Ahí tenemos al Parlament de Catalunya y a su gobierno en funciones, operando sobre un consenso del 47% como si se tratara de un 67. Reclaman al gobierno central respeto a una mayoría que no existe; exigen la aplicación de reglas democráticas que no son aplicables a la posición en la que se encuentran. En una situación de impasse en la que deberían predominar la humildad, la rectificación y la primacía de la negociación, no se les ocurre mejor estrategia que la fuga hacia adelante.

Una cuestión colateral a la anterior y de orden menor, pero dolorosa para mí porque les he votado, es la de Catalunya Sí Que Es Pot. En la constitución de la mesa del Parlament, cinco de sus miembros electos votaron a favor y seis en contra. De nuevo aparecen los números, y de nuevo no cuadran. La explicación que ha dado el portavoz de la formación no es digna de Joan Coscubiela. Y la perspectiva de una candidatura de revoltillo a las elecciones generales, basada en el tirón electoral que pueda tener en ese contexto Ada Colau y encabezada de nuevo por un nombre semidesconocido, sin garantías por la imposibilidad de relacionarlo con una trayectoria y una práctica decantada dentro de la correlación de fuerzas catalanas, me parece un signo más del descarrilamiento de la realidad y de la dificultad de reagrupar de forma eficaz a los restos desbaratados de lo que pudo haber sido una opción de progreso.

 

SINDICATO Y REPRESENTACIÓN

Ayer argumentaba, en contra de la afirmación de Margaret Thatcher (“la sociedad no existe, yo solo veo individuos”), que la sociedad es precisamente individuos + organización. La organización es el elemento que permite a un grupo (casual) de personas constituirse en un colectivo (específico) para la defensa de intereses comunes. La sociedad que llamamos civil y a la que ignoran Thatcher y sus muy bien organizados compinches, no es una agrupación de individuos, sino de colectividades interrelacionadas entre ellas. Cuanto más densa es la interrelación y la trabazón entre los distintos colectivos que la componen, tanto más fuerte se revela la sociedad frente a las amenazas externas. La organización colectiva empodera a los individuos implicados en ella.

La representación es uno de los mecanismos principales de organización y de empoderamiento de un colectivo humano. La base de partida es muy sencilla: para no verme obligado a afrontar un negocio al que no puedo atender en persona con facilidad, otorgo poderes a una persona a la que juzgo competente, para que actúe en mi nombre. En tanto que representado, empodero a mi representante para que haga o deje de hacer en mi nombre.

Así es, por lo menos, como ocurren las cosas en el ámbito del derecho privado. En cambio, en el derecho social se produce un fenómeno muy particular: los papeles se invierten, y es el representante el que empodera al representado. ¿Cómo? En el sentido de que unos derechos hipotéticos que antes quedaban fuera del alcance de la persona representada, del individuo desnudo ante la ley, se concretan y se hacen accesibles para esa persona cuando entra a formar parte de un colectivo que ostenta una personalidad jurídica, y que asume su protección y su representación en el negocio o en el ámbito de su competencia.

Ocurre así tanto con las personas en trance de perder su vivienda por culpa de una hipoteca con cláusulas abusivas, como con los despedidos de una empresa en reestructuración, o con los metalúrgicos o los gráficos que se aprestan a negociar los niveles salariales, los horarios y las condiciones de trabajo para todo el sector industrial que les compete. Siempre mejor juntos, que en orden disperso.

La representación es un principio motor de la política, en tanto que actividad dirigida al “bien común”; quiere decirse, al bien del común de la gente. Y es la base fundamental de la actividad sindical. No puede existir sindicato sin representación explícita y sin confianza entre representados y representantes. El vínculo entre ellos ha de renovarse de una forma constante, en el día a día y en el cara a cara; desde el centro de trabajo hasta la comisión negociadora de un pacto interconfederal, escalón a escalón, sin fallo ni ausencia en ninguno de ellos.

Entonces, “globalizar” el sindicalismo es una operación delicada, que habrá de llevarse a cabo desde esa alta exigencia. Globalizar es una palabra francamente fea; su sentido, en el ámbito sindical, no puede ser otro que el de ampliar y mejorar la defensa de los trabajadores, cualquiera que sea su posición concreta, en el terreno de las amenazas novedosas que les acechan como consecuencia del carácter global de las fechorías que está perpetrando en todo el mundo el capitalismo financiero. Ampliar y mejorar las defensas y las alternativas desde abajo del todo, en todo el recorrido, sin extraviar el fino hilo rojo de la representación en el momento de la aparición del sindicato en las esferas institucionales supranacionales.

 

CARTA DE BATALLA POR LA INNOVACIÓN SINDICAL

Leo uno a continuación de otro el artículo del profesor Aparicio Tovar en defensa de los servicios públicos y el de Quim González sobre la capacidad de innovación del sindicalismo, y me parecen encajar y complementarse a la perfección. (El lector que no los conozca puede encontrarlos con facilidad en el diario digital Nueva Tribuna.)

El punto de partida del trayecto está para los dos en aquellas palabras de Margaret Thatcher que fueron el clarinazo que anunció el desmantelamiento del Estado social, en los años ochenta: “Yo no veo sociedad, veo solo individuos.” El punto de llegada, en algo implícito en las afirmaciones de Quim: la sociedad sí existe, más allá de los individuos. Para ser precisos, la sociedad es ese conjunto amplio de individuos visibles incluso para gente como la Thatcher, y además organizados en defensa de sus intereses comunes.

La organización representa un plus importante; cambia en alguna medida la naturaleza misma del colectivo. Porque los intereses de los individuos aislados son mezquinos, tienen un radio muy corto; y en cambio, la actividad social amplía su horizonte y les permite alimentar mayores ambiciones, acariciar objetivos más complejos y sobre todo más satisfactorios.

En el ámbito de la defensa de lo común, tal como explica Aparicio; en ese repliegue fundamental del sentimiento colectivo, es donde actúa el sindicalismo. Lo hará mejor o peor, con mayor o menor fortuna, pero ese es en todo caso su terreno, y esa es su práctica cotidiana. ¿Quién es el sindicalista? Esa persona gracias a la cual libras los fines de semana. Lo explica Quim, y en el fondo es así de sencillo.

Puesto que la sociedad cambia, el sindicalismo no puede permanecer inmóvil. La innovación está en su código genético. Ocurre que las organizaciones arrastran siempre una dosis de inercia considerable. Los tiempos de reacción son mucho más largos para una central sindical, pongamos por caso, que para los individuos que la componen, considerados aisladamente. Vaya lo uno por lo otro: a mayor masa, mayor lentitud de maniobra. Conviene armarse de paciencia, fijar la vista en los objetivos últimos y marcar bien las formas y los tiempos para la ejecución de las maniobras necesarias. Avanzar colectivamente tiene esas pejigueras.

En el II Congreso “Trabajo, Economía y Sociedad” que acaban de celebrar las CCOO bajo el patrocinio de la Fundación Primero de Mayo, se ha constatado la necesidad de globalizar el sindicalismo, en respuesta a los retos mortales que plantea un capitalismo financiero ya sobradamente globalizado. Más que “globalizar”, yo diría que se trata de añadir una dimensión nueva, la global, a una práctica demasiado encastillada aún en los parámetros del Estado-nación. No creo que el objetivo sea, entonces, ceder a la CES una parte de la “soberanía” que ostentan las centrales nacionales, sino más bien dotar a la dimensión europea de medios, instrumentos, capacidades y atribuciones que en este momento, o no existen, o se encuentran en una condición mostrenca porque nadie las utiliza ni las reclama como suyas.

Ahora bien, la innovación propuesta, para funcionar de la forma adecuada, habrá de impregnar todos los escalones y todo el amplio recorrido de cada una de las organizaciones sindicales implicadas. La cosa no se reducirá tampoco a crear una secretaría o una sección nueva en el seno del viejo aparato. La globalización habrá de estar presente en la actividad diaria y en la forma de organizarse el sindicato en todos los niveles, a partir del mismísimo ecocentro de trabajo.

 

MEGA EFECTOS ESPECIALES

El mayor huracán de los tiempos históricos, Patricia, se ha deshilachado al tomar contacto con la costa mexicana. No nos sorprende la noticia, porque apenas nos queda ya capacidad de sorpresa. Vivimos en la era de los mega efectos especiales en el cine, de los partidos de fútbol del siglo cada tres semanas, de las aventuras políticas prodigiosas, y de las realidades virtuales inconcebibles. Catalunya independiente, por ejemplo, es un gran parque temático, un Port Aventura político basado en una muy trabajada y detallista realidad virtual. Primero iba a ser una independencia de baja intensidad, que casi no se notaría y no iba a molestar a nadie. Ahora ha cambiado el guión; será una independencia paralela, se crearán soberbias estructuras virtuales de Estado, se estará confortablemente en Europa sin estar del todo, y se gobernará de forma prudente y consensuada contando con medio Parlament, mientras el otro medio, el de los unionistas, se desgañita en denuncias en los medios favorables a Madrid. El resultado será una especie de atracción de montaña rusa, con subidas y bajadas continuas por un paisaje trucado, cuajado de mega efectos especiales.

Las dos preguntas pertinentes en relación con el futuro alucinante y vertiginoso que nos espera, son: Primera, todo eso, ¿para qué va a servir? Segunda, ¿quién lo va a pagar?

El panorama no es mucho mejor en la contraparte. Mariano Rajoy asegura que hemos vivido una legislatura prodigiosa, que somos la envidia del mundo, y que los próximos cuatro años van a ser los mejores para el país de toda la historia de la democracia. Es obligado creerle: lo avalan Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Nicolas Sarkozy y John Kerry, que vino para negociar la base de Rota y, aprovechando que pasaba por aquí, se hizo fotografiar rasgueando una guitarra flamenca regalo del ministro Margallo.

Tanta unanimidad infunde sospechas. La realidad española no parece justificar tantas alharacas. Una hipótesis plausible es que los políticos conservadores la estén evaluando con sensores fabricados por la casa Volkswagen. Sensores no exactamente fraudulentos, no quiero decir eso: modernos sí, virtuales, con mucho estrépito incorporado de mega efectos especiales.

Siguen siendo pertinentes las dos preguntas planteadas antes. En síntesis: a qué viene ese sospechoso carrusel de alabanzas, y quién lo va a pagar (quién lo está pagando ya, si apuramos el argumento.)

Pero llegan las elecciones generales, y todo cambiará. Existe la convicción unánime de que van a ser las elecciones más decisivas de la democracia, que el país cambiará de medio a medio, que se acabará la corrupción y se castigará a los corruptos, que quebrará el bipartidismo, se reformará la constitución, se abrirán para la ciudadanía las puertas de la transparencia, y todos seremos partícipes de la nueva prosperidad.

Bienvenida sea la noticia. Que no le suceda a ese poderoso ciclón de renovación lo mismo que al huracán Patricia.

 

LA PIRÁMIDE SALARIAL Y EL SUELO

En la medida en que se van conociendo los programas económicos de las distintas formaciones que concurrirán a las elecciones generales de diciembre, resalta como un dato positivo la presencia en casi todos ellos (la excepción, obvia, es el PP) de algún tipo de renta mínima, o prestación con carácter universal para todas aquellas personas que han caído por debajo de los umbrales de la pobreza definidos y cuantificados a partir de distintos parámetros. Sorprende, sin embargo, que en este punto nadie haya considerado la posibilidad de adherirse a la ILP (iniciativa legislativa popular) promovida por los sindicatos CCOO y UGT. En un asunto así, parece preferible aunar esfuerzos y arrimarse a un estudio muy sensato y pormenorizado, en lugar de dejar que cada maestrillo proponga su propio librillo. Entiendo que la cuestión de fondo en este tema no es la desconfianza hacia los sindicatos, sino su ninguneo puro y simple. Mal síntoma para las izquierdas.

La renta mínima universal es una necesidad surgida de una situación de emergencia social grave, provocada precisamente por los turiferarios del actual crecimiento impetuoso de la economía española. Es conocido el axioma de que la estadística es la ciencia que, si tú te has comido dos pollos y yo ninguno, asegura que los dos hemos comido un pollo por cápita. Con la estadística pueden fabricarse maravillas, por ejemplo la disminución vertiginosa del desempleo a partir de contabilizar como puestos de trabajo los curros de entre cinco y veinte horas semanales, con remuneraciones iguales (becas sin salario) o próximas a cero euros.

Si eso es así, y lo es, conviene ver adónde va el pujante chorro de beneficios que se derrama sobre nuestra banca y sobre algunas de las empresas más significadas del país. Según datos de un estudio reciente de CCOO sobre la evolución de los salarios y otras retribuciones, en las empresas del Ibex35 y en 2014, citado por Javier Doz (1), «los primeros ejecutivos de cada empresa se hicieron aumentar sus retribuciones totales en un 80%; los consejeros en un 30%; el conjunto de los directivos vieron aumentar sus ingresos salariales en un 14,3%; y los accionistas sus dividendos en un 72,4%. Por el contrario, los trabajadores vieron disminuir sus salarios en un 1,5%. De este modo ha sido posible que el pasado año la media de las retribuciones de los ejecutivos de las empresas del Ibex fuera 90 veces superior al salario medio de sus trabajadores; y el de los presidentes y consejeros delegados, 158 veces.»

Cuando se les pregunta por sus lujosos sueldos y por los multimillonarios planes de pensiones que blindan su futuro, los altos ejecutivos se encogen de hombros y responden que son precios de mercado. Lo son, sobre todo por la buena razón de que ellos mismos empujan al alza ese mercado restringido a un pequeño grupo de vendedores de humo. Por debajo de ellos están los ajustes, los recortes, las deslocalizaciones, las externalizaciones y otros instrumentos sobradamente conocidos y siempre aplaudidos desde los palcos de los ministerios económicos y las mesas de los consejos de administración de las instituciones de crédito.

Lo cierto es que la renta mínima universal, si finalmente se concreta después de las próximas elecciones, ensanchará notablemente el suelo de la pirámide salarial en nuestro país, pero no tendrá ningún efecto en el resto de los escalones. De modo que los salarios altísimos de la cúspide seguirán empujando hacia abajo a los escalones medianos e inferiores de la pirámide, arrimándolos cada vez más al nivel del salario mínimo interprofesional, por más que se suba este en algunos euros. Y si no hay novedades en relación con el empleo precario, a tiempo parcial, en prácticas, o en el resto de modalidades previstas en nuestra legislación reciente y sobradamente reformada, seguiremos teniendo una masa de fuerza laboral, compuesta sobre todo por jóvenes y por mujeres, que subsistirá con ingresos insuficientes para garantizar una calidad de vida digna.

Ese será el precio de poner parches llamativamente electoralistas a la situación (bienvenidos sean, sin embargo), pero no abordarla en toda su dimensión. Para esto último, será necesario derogar los sucesivos paquetes legislativos que han conformado la nefasta reforma laboral iniciada en el mandato de Zapatero y ahondada hasta extremos sangrantes en el de Rajoy. Plantear la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores con participación necesaria y reglamentada del amplio pluriverso del trabajo. Y contar para todo ello, en mucha mayor medida, con la fuerza real y la proyección potencial de unos sindicatos baqueteados pero en trance de profunda renovación, y hasta de refundación.

 

(1) Ver http://www.nuevatribuna.es/opinion/javier-doz/congreso-pobreza-y-desigualdad/20151020124310121453.html