El afán por respetar todas las opiniones acaba por conducir
a no respetar ninguna. En mi opinión, es lo que ocurre en este momento en
Iniciativa per Catalunya-Verds. Lo digo desde el máximo respeto a la posición
expresada y mantenida por la dirección de esta organización en relación con el
proceso de consulta todavía no del todo cerrado en Cataluña.
IC-V defiende el derecho a decidir de los catalanes, tanto
si lo que deciden es la independencia del país como si optan por soluciones
federales u otras que mejoren el encaje de Cataluña en el Estado español. El
acento se pone aquí en el derecho irrenunciable e insobornable a decidir de la
ciudadanía. Para ello se reclama una consulta seria con unas garantías
procedimentales rigurosas. Bien.
En unas circunstancias en las que la legalidad es ya de por
sí dudosa o controvertida, por estar sometida la materia al juicio del Tribunal
Constitucional, los partidos pro consulta deciden dotarse de una comisión de
garantías que supervise la imparcialidad del proceso y la igualdad en la
defensa de todas las opiniones. En esa comisión de garantías tienen cabida
únicamente expertos reconocidos, y la propia IC-V elige para formar parte de
ella a Joaquim Brugué, cuyo sustancioso currículo profesional me ahorro
detallar.
Después de la primera reunión de la comisión, Brugué decide
dimitir de las funciones que se le han encomendado porque considera que no sólo
no hay garantías de imparcialidad en torno a la consulta, sino que también
falta la intención política de promoverlas. En síntesis, las fuerzas favorables
a la consulta están inclinando a conciencia la balanza de un lado, procurando,
eso sí, que no se note mucho. Brugué no toma su decisión a bote pronto, como
consecuencia de un calentón. Se toma su tiempo e informa – se supone – sobre lo
que piensa hacer a la organización que le ha encomendado la tarea. En todo
caso, dicha organización no ha afirmado lo contrario, ni ha declarado haberse
enterado “por la prensa” de la circunstancia de la dimisión.
Cuando la dimisión se hace pública, Joaquim Brugué sufre de
inmediato lo que ha sido descrito como un linchamiento mediático en las redes
sociales. Era algo que él mismo esperaba que sucediese, y que aceptó de
antemano al tomar su decisión. Porque el valor civil consiste en dar la cara en
situaciones desagradables en el terreno personal, cuando están en juego las
propias convicciones. De otro lado, ese encarnizamiento social con el “traidor”
viene a ser una demostración a posteriori de lo fundado del dictamen del
experto. Hay una complacencia social clara con las continuas transgresiones del
papel de árbitro y garante del proceso por parte del gobierno de la Generalitat , y
abucheos generalizados a quienes se desmarcan de la vía trazada. No existe en
puridad un derecho normal y general a decidir, sino un grupo de personas que se
adjudica a sí mismo el derecho a decidir por ti. El obstáculo es
suficientemente grave para que se le preste atención detallada desde una
perspectiva democrática.
En estas circunstancias, la dirección de IC-V ha emitido un
comunicado en el que se advierte que la decisión de Joaquim Brugué ha sido
tomada “a título personal” y no refleja la posición de la organización en
cuanto a las garantías sobre la consulta. Reclama a continuación “respeto” a la
persona y a la opinión de Brugué.
Ahora vienen las preguntas. Primera: ¿Puede ser considerada
una opinión “personal” el dictamen de un experto expresamente convocado por la
misma IC-V para supervisar las garantías de un proceso que afecta a todo el
horizonte de futuro de los ciudadanos de Cataluña? Si llamo a un ingeniero para
que me dé su opinión sobre las grietas que han aparecido en mi casa, y me dice
que existe un peligro cierto de hundimiento, ¿consideraré “personal” su opinión
y seguiré mi vida habitual sin alterar mis planes? Segunda: ¿No existe ningún
compromiso político entre la persona que cumple un encargo y la organización
que lo ha mandatado? ¿Es “respeto” todo lo que debe IC-V a Joaquim Brugué, por
el hecho de haber emitido un dictamen que no ha gustado?
Es incierto el trayecto futuro del procès catalán. Cada día que pasa resulta
más difícil sostener la ficción de una unidad de propósito no sólo entre los
partidos, sino en el interior de cada uno de ellos. Lo que “nos une a todos” es
demasiado etéreo, demasiado alejado de la política diaria. El máximo común
divisor entre las distintas aspiraciones de cada cual se sitúa cada día más
próximo al cero absoluto. Mantener la indefinición en estas circunstancias tal
vez no es la mejor política que puede seguirse. Lo digo con todas las cautelas
y con el mayor respeto.
