Ada Colau ha
imprimido un giro original a la situación política asfixiante que estábamos padeciendo
en Catalunya. Su idea es convertir la presencia de las urnas el próximo uno de
octubre en una movilización unitaria frente al inmovilismo del gobierno central.
Una movilización, no en defensa de una solución unilateral, y sí de una exigencia de solución
compartida. Más allá de un hipotético derecho a decidir, defensa de la libertad
de expresión y de proposición política. De la democracia. Vale la pena tener en
cuenta la movida, que abre una vía para un reagrupamiento provisional de
posiciones diferenciadas y hasta ahora agriamente enfrentadas.
Catalunya está planteando
al Estado un problema político, pero Rajoy no lo percibe como tal. En su cabeza
no entran los aspectos políticos de la cuestión, solo los flecos legalistas.
Algunos
comentaristas defienden que el presidente del gobierno no dialogue mientras se
mantenga el reto absurdo de la independencia por la vía unilateral. Es
minusvalorar a Rajoy. Rajoy no negociará sobre el encaje de Catalunya en España
ni bajo amenazas, ni sin amenazas. Para él es algo inconcebible. Su posición
política se reduce al pleonástico “quien manda, manda”. Está a mil leguas de su
cabeza la idea de un acercamiento de posiciones con quienes “no” mandan. Lo ha
demostrado mil veces, con Mas y con Puigdemont, como con Sánchez y Rivera.
Otra cosa distinta es
su tendencia irreprimible a trasladar los marrones a los tribunales y lavarse
él las manos. Una actitud que no implica fe en la justicia, sino fe en la
triquiñuela legalista para cubrir formalmente los expedientes sin tener que entrar
jamás en el fondo de las cuestiones.
En consecuencia todo
se aplaza en este país, todo se mantiene inmóvil mientras la retórica del
gobierno predica grandes avances y perspectivas vertiginosas en una posverdad
paralela. Rajoy convoca de boquilla al poder judicial a defender de modo
intransigente la Constitución, pero sus fiscales y jueces adictos conculcan la
Constitución siete veces todos los días antes de acostarse. Dos ejemplos: se
condenó con severidad a una tuitera que hizo un chiste sobre Carrero Blanco.
Pero Carrero no es materia constitucional, que se sepa. Luego un torero borracho
de éxito se ha envuelto en una bandera franquista al concluir una faena. La
bandera es claramente inconstitucional; anticonstitucional, incluso. Pero no
habrá en este caso denuncia, ni juicio, ni multa administrativa. No existe por
parte del gobierno respeto ni defensa de la Constitución del 78; solo el juego
oportunista con dos raseros y dos varas de medir, y el coqueteo impúdico con el
viejo fascismo como tentación recurrente.
Paradojas de la
situación: el medio Parlament secesionista catalán se desacreditó el pasado día
6, en una sesión en la que faltó al respeto a la mitad de los catalanes por lo
menos, y seguramente a bastante más de la mitad. Pero el gobierno central ha
corrido a desacreditarse a su vez, con la persecución implacable de sombras de
urnas y papeletas, y moviendo hasta el centro del retablillo a Don Cristobita
enarbolando el garrote de la retención de los dineros de Catalunya para gastos
corrientes.
No estoy por
aventuras secesionistas, y tampoco tengo intención de callar delante de la
tentación recurrente del fascismo. Este no es un problema de Catalunya, es un
problema de toda España. Antes del 1-O como después del 1-O.
Delenda est Mariano.
