“Hasta aquí hemos llegado” es el título de la última novela del escritor
griego Petros Márkaris. Es también una síntesis
ajustada de la situación que vive el país helénico, y del propósito firme que
anima a una mayoría consistente de ciudadanos griegos, de enderezar una
situación de gravedad extrema frente a todos los obstáculos constatados y
presumibles. Carmen y yo compramos ese libro ayer, y Carmen hizo la cola, en la
Rambla de Catalunya, para conseguir la firma del autor. Incluso se hizo un
selfie en el que Márkaris aparece en segundo plano en actitud de firmar.
También en España
hemos llegado “hasta aquí”, y ese “aquí” no es una situación agradable. Pero no
está tan claro como en Grecia que exista un propósito de enmienda mayoritario.
Por ejemplo, los
sindicatos CCOO y UGT llegaron el mes de julio pasado a un acuerdo con el
gobierno dirigido a paliar el peligro real de exclusión social de muchas
personas. El censo de parados se acerca en nuestro país a los 5,5 millones de
personas. Estamos hablando de población activa, es decir mayor de 16 años y
menor de 65. La cobertura del paro alcanza a un 55,7% de esa cifra, y las
rentas autonómicas de inserción, allá donde existen, alargan la cifra a un
5,48% más.
Los cálculos de los
dos sindicatos indican la existencia de 1,8 millones de hogares con unos
ingresos inferiores a los 6.000 euros anuales. Ahora hablamos de población
total: la precariedad no alcanza solo a los empleos, sino a niños que van a la
escuela en ayunas, a mayores que se atrincheran detrás de sus enseres contra
una papela judicial de desahucio.
El gobierno se
comprometió ante los sindicatos a elaborar en un plazo de 6 meses un mapa de
prestaciones para ese colectivo en peligro, y llevarlo a una nueva mesa de
negociación. El plazo fijado acabó el pasado mes de febrero, y el mapa
gubernamental sigue en el limbo de las buenas intenciones incumplidas.
CCOO y UGT, por el
contrario, no han dejado que un manto de tiempo perdido cubriera dulcemente el problema.
Han presentado en el Congreso una ILP (iniciativa legislativa popular) para
constituir una renta mínima de 426 euros mensuales destinada a parados de larga
duración, sin subsidios y en búsqueda de empleo. Los beneficiarios directos
serían unas 300.000 personas; los beneficiarios potenciales, 2,1 millones; el
coste del rescate ascendería a 11.000 millones de euros, un 1% del producto
interior bruto.
Se trata de un
rescate, en efecto. Quien diga que no es posible dada la situación económica
del país, que explique por qué razón sí fue en cambio posible el rescate de la
banca, con un coste enormemente superior. Hasta aquí hemos llegado.
Pero falta ver cómo
acogen los parlamentarios de la oposición, de todas las oposiciones, la
propuesta de los sindicatos. Cómo la recogen aquellas opciones políticas que
aspiran a ocupar un lugar visible y consistente en el futuro de este país, del “aquí”
al que hemos llegado. Falta ver cómo airean esa propuesta modesta de renta
mínima de inserción, cómo la popularizan, cómo la defienden.
Se trata de un tema
que no puede esperar a las elecciones generales. Será demasiado tarde para una
porción difícil de determinar de esos dos millones largos de personas que
malcomen, malviven y ven degradarse su entorno y sus expectativas de día en
día. La ILP está ya presentada en el Congreso de los Diputados. Ahora se trata
de forzar la máquina y acelerar el debate en torno a sus contenidos.
Está muy bien discutir
sobre la corrupción y exigir las explicaciones que los implicados deben sin la
menor duda a la cámara, pero la agenda política debe marcar prioridades e
imprimir urgencia a los grandes temas cuando procede. Si no lo hace así, ni es
agenda ni es política.