Hoy se ha
presentado en Barcelona el Pacto Social para el Agua Pública en Catalunya,
dirigido a una gestión integral, pública y participativa del agua, dado que los
servicios “en baja” (a los hogares) en todos los principales centros urbanos
están gestionados por la empresa mixta formada por la multinacional Agbar (Aguas
de Barcelona) y la AMB (Área Metropolitana de Barcelona), que aprobó la
creación de dicha empresa con los votos favorables de CiU y PSC. Los promotores
del Pacto Social han sido la plataforma Aigua
és Vida, los sindicatos CCOO y CGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Barcelona (FAVB), la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya
(CONFAVC), Ecologistas en Acción, y hasta un total de más de veinte
organizaciones. Han suscrito el pacto las siguientes instancias políticas: ERC, ICV, EUiA, la CUP, Barcelona en Comú,
Podemos y Procés Constituent, que se han comprometido a incluirlo en sus
programas para las próximas elecciones municipales.
No parece exagerado calificar de
importante el Pacto, y sin embargo aún no lo encuentro reseñado en las
ediciones digitales de El País ni La Vanguardia, que en cambio dedican atención
al anuncio hecho por el alcalde Trías de un nuevo cuerpo policial que
perseguirá conductas incívicas tales como el consumo de alcohol y el orinar en
la calle.
Al menos encuentro también en los
dos medios citados el eco del malestar que está provocando el conseller de Sanidad
Boi Ruiz, reincidente empedernido en políticas
privatizadoras, con dos iniciativas de su departamento: la creación del Consorci
de Lleida, y la propuesta de venta de datos sanitarios recogidos e informatizados por la
Administración. Son dos temas en los que el Parlament ha dado el alto al conseller,
sin conseguir detenerlo hasta el momento. Alega el hiperactivo Boi Ruiz que
publicar en el Diario Oficial de la Generalitat la propuesta de Estatutos del
futuro Consorci no implica desobediencia al mandato del Parlament de paralizar las
gestiones para su creación. En el caso de los datos sanitarios, afirma estar
llevando a cabo su “anonimización” e insiste en los beneficios de ponerlos a
disposición de la ciencia y la investigación. Pero no estamos hablando de
puesta a disposición sino de venta, y
esta no se limitará a organismos científicos y universidades, sino que podrá recaer
en primera o en segunda instancia en otras entidades; por ejemplo las compañías
farmacéuticas, vieja obsesión de sor Teresa Forcades,
las cuales cuentan con medios muy avanzados y sofisticados, susceptibles de “desanonimizar”
lo “anonimizado”.
Ante semejantes desafueros por parte
de un gobierno de Catalunya que ha puesto ya el piloto automático para conducir
al país a una declaración unilateral de independencia, uno se pregunta si
tantas prisas por tener un «Estat propi» no se deberán al hecho de que cuentan en
firme con un comprador para el mismo, y no tienen la menor intención de echar a
perder el negocio.
