En estricto
cumplimiento de los automatismos previstos en la Ley del Embudo que nos
desgobierna a todos por desigual, el Ejecutivo encabezado por Mariano Rajoy y
Cristóbal Montoro ha metido mano en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid.
No es un azar ni
una necesidad; es una represalia. De todos es sabido que el consistorio
madrileño es un nido de ratas podemitas regentado por una yayoflauta. Los dos
anteriores munícipes, Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella, gente de lo más
bien, pasan por apuros judiciales debido a su implicación en enjuagues
diversos, el primero con el Canal de Isabel II y la segunda con fondos buitre.
Entre los dos dejaron el listón muy alto, más de mil millones de deuda
municipal. Carmena ha resanado la situación financiera, pero ahora pretendía
utilizar el superávit arañado en gasto social, y eso no, a los pobretes ni
agua.
De modo que se ha
cientocincuentaycinquizado al Ayuntamiento madrileño del mismo modo que se hizo
recientemente con la autonomía catalana, y antes aún con las iniciativas
parlamentarias de la oposición, vetadas de forma sistemática y puntillosa como
anticonstitucionales, por alterar el gasto previsto en los presupuestos del
Estado. Un gasto, por lo demás, calculado a ojímetro con el mayor desenfado y
que jamás ha cuadrado como estaba previsto. Pero una cosa son los desvíos del
propio gobierno, y otra muy distinta los que proponen las fuerzas políticas que
no están en él. Aún hay clases, ciertamente.
El gobierno insiste
oficialmente en que sus vetos y sus incautaciones de las cuentas ajenas son
hechos aislados y sin relación unos con otros; pero ya sabemos cuál es la
doctrina gubernamental sobre los hechos aislados, en contextos diferentes. De
otro lado, y extraoficialmente, portavocías del partido insinúan que la cosa incautatoria
podría ir bastante más allá, y que se perfila un plan para cientocincuentaycinquizar
progresivamente todo lo que se mueva fuera de la órbita de la gente guay. Por
gente guay se entiende, por ejemplo, a Ignacio González, que ahora mismo ha
podido salir de la trena gracias al pago de una futesa en concepto de fianza.
Hay que saber ser humanitarios con quienes no son catalanes ni podemitas;
también la orden mercedaria redimía a los cautivos cristianos o cristianados,
hace siglos.
La situación de
nuestra democracia puede parecer ideal a primera vista: el gobierno se propone
con la debida firmeza tutelar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
presupuestarias de todos los organismos de rango inferior. Pero nadie es perfecto,
como es sabido desde que lo demostró Billy Wilder en aquella película. Resulta
que el gobierno atiende de forma escrupulosa a todas las obligaciones, menos
las suyas propias. Ha repetido déficit en relación con lo presupuestado año
tras año, sin faltar uno; incumple con jactancia la previsión de emisiones de
gases invernadero acordadas en París para todo el mundo mundial; y avanza impertérrito,
sin una dimisión ni una petición de perdón, por el vía crucis judicial que lo
flagela y lo ciñe con la corona de espinas de considerar probado documentalmente
que la inmensa mayoría de los altos cargos del PP, empezando (o terminando) por
el mismo Mariano Rajoy, cobraron durante años sustanciosos sobresueldos
ilegales procedentes de una caja B alimentada con corrupciones y corruptelas de
todo tipo.
Quizás en los planes
de futuro del Partido Popular figure la previsión de cientocincuentaycinquizar a los jueces
díscolos, por no hablar de la camiseta de la Roja, que de pronto muestra
veleidades republicanas. Quizás ronde también por las asesorías de la calle Génova
otro proyecto, más reservado y ambicioso, para meter en cintura por el mismo
procedimiento a la ONU y a la cancillera Merkel.
Yo no lo
descartaría a priori.
