La víctima de una
violación en grupo durante los Sanfermines podría no tener derecho a protección
jurídica, según viene a sugerir el abogado defensor de varios componentes de la
Manada. No dio pruebas suficientes, si se examinan con atención los vídeos
grabados por sus violadores, de asco y de rechazo. Sostiene el rábula que aquel
episodio al resguardo de un portal no fue para ella otra cosa que un rato “placentero”, por
más que no hubiera consentido explícitamente las diferentes maniobras que se
ejercitaron en su cuerpo después de desnudarla. Lo que la encrespó fue únicamente
que se le llevaran el móvil.
Hay otras pruebas
de la falta de méritos de la muchacha para obtener el amparo de la ley: ha sido
fotografiada posteriormente llevando una camiseta con una leyenda provocativa.
Por el contrario, los cinco acusados, “la Manada” para calificarlos con el
nombre que ellos mismos se dan, son buenos hijos, sin ser sin embargo modelo de
nada. Y se les está dando caza sin piedad.
¿Sugiere esta
argumentación que debería darse caza a las violadas, en vez de a los
violadores? ¿Que debería dejarse vía libre a un violador de buena conducta,
cuando interactuara con una víctima de moral no inequívoca? Un paso más allá,
solo uno, por ese camino, llevaría a proclamar de forma explícita la
desigualdad de los ciudadanos ante la ley.
Nuestros abuelos
pintaban a la Justicia como una dama severa, con los ojos vendados, sosteniendo
en una mano el código y alzando con la otra una balanza perfectamente
equilibrada.
Eran unos antiguos.
El primer artículo
del nuevo código sería, en cambio: «No todos somos iguales ante la ley.» Y es
que las circunstancias personales influyen muchísimo. No es razonable exigir
del olmo que dé peras, según frase reciente de un encausado ilustre. De otro
lado, el juez que obligó a Eme Punto Rajoy a declarar por el asunto de la caja
B de su partido, ya ha sido removido de su sitial. Una prueba de por dónde van
las cosas de la justicia. Otra, si alguno todavía dudare, es que el ministro de
Hacienda permite al alcalde de Jaén lo que ha vetado a la alcaldesa de Madrid.
Otra más, que la incitación al odio es concebida como un delito unidireccional,
solo procesable cuando se ejerce en contra de determinadas instituciones, y
nunca cuando va en el sentido contrario. Los exabruptos de unos policías
madrileños contra Manuela Carmena, que rebasan ampliamente la línea roja de lo
espantoso, están siendo analizados con calma (tal vez desde la sospecha de que
podrían ser epítetos merecidos; ¿se han examinado suficientemente las
inscripciones que luce Manuela en sus camisetas?), en tanto que el delegado
sindical que denunció la existencia del chat policial debe ser protegido del
odio desbordado de sus colegas por voluntarios de la sociedad civil, porque
desde el punto de vista de las autoridades competentes ha pasado a ser un
apestado.
Este es el mundo en
que vivimos. Si no les gusta a ustedes, les ruego un esfuerzo para mejorarlo
entre todos: no tenemos otro.
