El Consejo Empresarial para la Competividad (CEC),
que reúne a las mayores empresas del Ibex, ha presentado en público un plan de
choque para crear en cuatro años 2,3 millones de empleos y reducir la tasa de
paro a un 11%, décima más, décima menos. Cabe preguntarse por qué ese plan
aparece sólo ahora, cuando llevamos ya seis años cumplidos de crisis económica,
pero nunca es tarde si la dicha es buena.
El acto de presentación del plan “España 2018” tuvo lugar en la sede
central de Telefónica en Madrid, y altos cargos del Santander, BBVA e Iberdrola
hicieron costado a César Alierta, el presidente de la empresa anfitriona, que
ejerció de ponente. Las imágenes aparecidas en los medios son expresivas: de no
ser porque el dinero non olet, se podría haber dicho que el acto
olía a dinero. En cualquier caso, el surtido de corbatas que mostraron los
magníficos puestos ante los flashes sí tenía el color del dinero.
Estas son algunas de las propuestas realizadas por el CEC, según
se expresan en la prensa escrita:
Se propone aflorar el trabajo sumergido y luchar con mayor
ahínco contra el fraude a la seguridad social de quienes cobran subsidio y
trabajan en negro.
Se propone un recorte fiscal de 30.000 millones de € tendente a
priorizar la recaudación por impuestos indirectos en lugar del IRPF, de modo
que lo que se grave sea sobre todo el gasto, y no el patrimonio.
Se propone aumentar el tamaño de las empresas, con medidas tales
como una mayor flexibilidad laboral geográfica y, cómo no, con rebajas
fiscales.
Se propone imprimir una mayor celeridad a la reforma en curso de
las pensiones.
Se propone un plan de privatizaciones de empresas públicas.
Se proponen medidas energéticas, incluida una reducción de la
factura para las empresas.
Si se pone en marcha esa “ambiciosa” panoplia de medidas, se
supone (aunque no es seguro) que los grandes empresarios dedicarán una porción
del cuantioso incremento de los beneficios que les supondrá, a la contratación
de más personal. No aparece, por lo demás, en el plan de los patronos ninguna
propuesta relacionada con el diálogo social, con el marco de relaciones
laborales ni con la calidad del empleo. Reducir el paro no supone, en su
declaración de intenciones, reducir la precariedad, ni mejorar las condiciones
y el ambiente de trabajo, ni incrementar la protección social, etc. Esa parte
del cuadro institucional ya les gusta tal como está.
Su intención es, sin duda, abordar el problema del paro con
criterios cuantitativos y no cualitativos. Ofrecer más empleo a cambio de consolidar
una desigualdad abrumadora de las partes dentro y fuera de la empresa. Nuestros
grandes empresarios no buscan una salida de la crisis para el conjunto de la
sociedad, sino un relanzamiento de los negocios para la élite del empresariado;
ni siquiera para el conjunto de este sector social.
Alierta aprovechó la comparecencia ante los medios para lanzar
un mensaje de tranquilidad en relación con la coyuntura política presente: hay
soluciones para todo, vino a decir, y las instituciones funcionan y funcionarán
de forma adecuada. La corrupción es criticable, sí, pero es algo con lo que
pueden lidiar perfectamente los partidos políticos. El presidente de Telefónica
o no apreció la existencia de prácticas corruptas en el seno del sector
empresarial, o no consideró relevante aludir al tema. Tampoco mencionó Alierta
ni una sola vez a Podemos, según constata un cronista con cierto asombro. Un
asombro que, a su vez, me provoca a mí otro asombro de rebote, podríamos
llamarlo. ¿Qué tenía que ver Podemos en este comistrajo?
