El pleno del
Congreso sobre las pensiones no ha resultado especialmente noticiable. Ni el
Gobierno, arropado de nuevo por Ciudadanos después de una reunión pedagógica de
Albert Rivera con la plana mayor del Ibex 35, ni ¡ay! la oposición en la que
teníamos puestas nuestras esperanzas, han dado muestra de tener algún plan a
largo plazo para conseguir ese bien raro y preciado, la sostenibilidad del
sistema. Ha habido una polémica colateral sobre si las plagas de Egipto fueron
diez o solo siete. Nada de sustancia. El gobierno se movió en el cortísimo
plazo: Mariano Rajoy prometió mejorar algo las pensiones de la viudedad y suprimir el
IRPF para el escalón más bajo. «Poca tirita para tanta hemorragia», titula
Xavier Vidal-Folch su columna en elpais.
Tampoco alcanza con
algunas propuestas opositoras expresadas en crudo: “menos rescatar autopistas y
bancos, y más atender a las pensiones”. No es que la idea sea mala en sí, es
que no deja de ser un remiendo más en el traje raído y desastrado de nuestro
Estado social. Se puede tirar unas cuantas millas más con una gestión más
cuidadosa y progresista del sistema existente, pero resulta suicida no abordar
reformas estructurales ambiciosas que sitúen en primer plano el empleo, los
derechos individuales y sociales que deben ir anejos al empleo, y su concreción
a largo plazo en un sistema público de redistribución de las rentas que asegure
la protección de los asalariados a lo largo de toda su vida, laboral primero y
pensionada después.
Es ese el contenido
último de la reivindicación actual de empleo digno, o decente. Pero aquí se
produce otro cortocircuito típico del “pensamiento mínimo” de nuestros
políticos, siempre pendientes del cortísimo plazo porque es en el cortísimo
plazo donde se juegan sus escaños parlamentarios y su influencia en la opinión.
Se diría que todos
ellos sobreentienden que la creación de empleo digno debe ser un cometido de los
mercados de trabajo, y al Estado solo le corresponde en el tema una función de
control, con multas todo lo severas que se quiera a quienes abusen de su
posición dominante para llevar la contratación temporal mucho más allá de sus
límites razonables.
Eso no basta. El
Estado en sentido amplio, es decir incluidas todas sus articulaciones territoriales
(ayuntamientos, autonomías) y estamentales (organizaciones patronales y
sindicales), tiene que implicarse en la tarea de “dignificar” el empleo y
hacerlo sostenible a medio y largo plazo, único medio para hacer sostenibles
también las futuras pensiones. Se ha jugado antes a "desregular" el mercado de
trabajo, confiando en la racionalidad de los mercados financieros para alcanzar
un nuevo equilibrio entre las partes concurrentes. Una vez visto y comprobado cuál
es y qué se propone la racionalidad de los mercados, y los nuevos
desequilibrios resultantes, resulta imprescindible regular de nuevo esta faceta
de la economía política.
Más aún. La
economía política de mis tiempos de estudiante colocaba el principio de la
escasez como condicionante primigenio y básico de las decisiones económicas. La
formulación clásica de ese principio era el dilema entre producir cañones o
mantequilla. Con la irrupción de nuevas tecnologías se han olvidado el
principio de escasez y su corolario, la priorización en las decisiones de la
política económica. Se tiene ─ o se quiere dar ─ la sensación de que todo es
posible y todo está al alcance, y que la única norma atendible en cuanto a la
producción de bienes y servicios es la del mayor o menor beneficio para el
capital.
No es cierto que
todo sea posible, y los límites ecológicos del crecimiento económico se hacen
cada día más patentes con la amenaza del cambio climático en curso. Es
necesario programar, priorizar, retomar en las nuevas coordenadas el viejo
dilema de los cañones y la mantequilla. No es una actitud cómoda para los
políticos, exige una previsión que va más allá del resultado de las elecciones
inminentes, que no consiente postureos ni brindis al sol, que necesita de
toneladas de difusión y de explicación para crear un consenso capaz de avanzar
en la satisfacción de las necesidades legítimas de la ciudadanía.
Las pensiones van
ligadas al empleo digno, entonces. Y el empleo digno, a políticas diferentes, a
proyectos de crecimiento cualitativo, a programas a largo plazo, a la selección
de prioridades económicas y al regreso de un sector público fuerte y una banca
comprometida con las decisiones democráticas que en todos estos terrenos se
vayan tomando.
Volver a elegir, en
una palabra, entre los cañones y la mantequilla, en una situación muy diferente
ya de la que se dio con el Estado del bienestar.
Que no nos digan
que no hay alternativa.
