miércoles, 13 de mayo de 2015

PRIVATIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS


El patrón de patronos Juan Rosell ha especulado, en la inauguración en Madrid de un Congreso de empresarios de la Hostelería, con la conveniencia de ampliar las áreas de negocio privado ya existentes en la gestión de servicios públicos esenciales. Estas han sido sus palabras exactas, según recoge la prensa diaria: «Tenemos las dos grandes partidas de gasto, que son la Sanidad y la Educación, que seguro que si estuviesen gestionadas por empresarios, con criterios empresariales, yo creo que podríamos sacar mucho más rendimiento y podríamos hacer cosas de mucha mejor manera.»
Estoy seguro de que, predicando con el ejemplo, el señor Rosell ha enviado a sus tres hijos a colegios privados (él mismo estudió con los Jesuitas aunque luego, lástima, hizo la carrera de ingeniero en una institución pública, la Universidad Politécnica); y de que recurre a clínicas privadas de pago siempre que su robusta salud precisa algún chequeo o consolidación del tipo que sea. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es si concebimos la salud y la educación como bienes de carácter público y como derechos universales, o si por el contrario consideramos que se trata de actividades sometidas o sometibles a los mecanismos del mercado; es decir, en último término “mercaderías”.
Es indudable que «podríamos sacar mucho más rendimiento» de la gestión de la sanidad y la educación, de someterlas a «criterios empresariales», es decir, a la lógica del beneficio privado. Sacaríamos mucho más rendimiento, claro está, “nosotros los gestores”; es más que dudoso, en cambio, que creciese el beneficio público, el de los supuestos beneficiarios. En particular, el sector más desfavorecido y desprotegido de ellos.
Tenemos por ejemplo en Cataluña el caso Innova: la colocación de prótesis caducadas o no homologadas a unos miles de pacientes. Un negocio redondo, desde el punto de vista de los “criterios empresariales”. ¿Poco ético? ¿Desde cuándo la ética es un argumento de recibo en el área de los negocios privados?
La superioridad de la gestión privada sobre la pública se ha convertido en una leyenda urbana desde el momento mismo en que voces interesadas empezaron a murmurar sobre lo inasumible del gasto social en los presupuestos del Estado y a desmantelar, con más afición que acierto, el noble edificio del estado del bienestar. Lo que hemos tenido desde entonces ha sido un incremento geométrico de la corrupción, un tráfago inaudito a través de las puertas giratorias y un enriquecimiento elefantiásico de determinados gestores con “criterios empresariales” de la gestión pública.
El señor Rosell debería recapacitar sobre cuántos de sus antecesores en puestos directivos de la CEOE están en estos momentos en la cárcel o prófugos en paradero desconocido.
Y callar por prudencia, en lugar de endilgarnos milongas sobre la presunta superioridad de la gestión privada de bienes que son por naturaleza públicos.