El patrón de
patronos Juan Rosell ha especulado, en la
inauguración en Madrid de un Congreso de empresarios de la Hostelería, con la
conveniencia de ampliar las áreas de negocio privado ya existentes en la
gestión de servicios públicos esenciales. Estas han sido sus palabras exactas,
según recoge la prensa diaria: «Tenemos las dos
grandes partidas de gasto, que son la Sanidad y la Educación, que seguro que si
estuviesen gestionadas por empresarios, con criterios empresariales, yo creo
que podríamos sacar mucho más rendimiento y podríamos hacer cosas de mucha
mejor manera.»
Estoy seguro de que, predicando con
el ejemplo, el señor Rosell ha enviado a sus tres hijos a colegios privados (él
mismo estudió con los Jesuitas aunque luego, lástima, hizo la carrera de
ingeniero en una institución pública, la Universidad Politécnica); y de que recurre
a clínicas privadas de pago siempre que su robusta salud precisa algún chequeo
o consolidación del tipo que sea. Pero no es esa la cuestión. La cuestión es si
concebimos la salud y la educación como bienes de carácter público y como
derechos universales, o si por el contrario consideramos que se trata de actividades
sometidas o sometibles a los mecanismos del mercado; es decir, en último
término “mercaderías”.
Es indudable que «podríamos sacar
mucho más rendimiento» de la gestión de la sanidad y la educación, de someterlas
a «criterios empresariales», es decir, a la lógica del beneficio privado. Sacaríamos
mucho más rendimiento, claro está, “nosotros los gestores”; es más que dudoso, en
cambio, que creciese el beneficio público, el de los supuestos beneficiarios.
En particular, el sector más desfavorecido y desprotegido de ellos.
Tenemos por ejemplo en Cataluña el
caso Innova: la colocación de prótesis caducadas o no homologadas a unos miles
de pacientes. Un negocio redondo, desde el punto de vista de los “criterios
empresariales”. ¿Poco ético? ¿Desde cuándo la ética es un argumento de recibo
en el área de los negocios privados?
La superioridad de la gestión
privada sobre la pública se ha convertido en una leyenda urbana desde el momento
mismo en que voces interesadas empezaron a murmurar sobre lo inasumible del
gasto social en los presupuestos del Estado y a desmantelar, con más afición
que acierto, el noble edificio del estado del bienestar. Lo que hemos tenido
desde entonces ha sido un incremento geométrico de la corrupción, un tráfago
inaudito a través de las puertas giratorias y un enriquecimiento elefantiásico
de determinados gestores con “criterios empresariales” de la gestión pública.
El señor Rosell debería recapacitar
sobre cuántos de sus antecesores en puestos directivos de la CEOE están en
estos momentos en la cárcel o prófugos en paradero desconocido.
Y callar por prudencia, en lugar de
endilgarnos milongas sobre la presunta superioridad de la gestión privada de bienes
que son por naturaleza públicos.
