El empresariado
turístico barcelonés se ha plantado ante el Ayuntamiento y pide ser atendido en
sus reivindicaciones. No puede decirse que el Ayuntamiento de Ada Colau haya sido
hasta ahora sordo a sus propuestas, puesto que el “plante” simbólico se produjo,
según nos cuenta Ramon Suñé en lavanguardia, en una sesión del “Consell de
Turisme i Ciutat”, que cumple en estas fechas un año de existencia. De la efemérides
se colige, sin necesidad de tener las
facultades analíticas de Sherlock Holmes, que tal organismo de interlocución no
existía en la época de los munícipes anteriores a Colau, y que entonces las
quejas del sector, si las había, se tramitaban por otras vías, con mucha menor
transparencia y en sordina.
Opinan los
empresarios que se les “criminaliza”. La “turismofobia”, según ellos, estaría
promovida por la alcaldía, que hace más caso de los vecinos que de los
comerciantes. Un ejemplo hiriente: el tema de las terrazas de los bares. Se
prepara una ordenanza para limitar el horario nocturno hasta las 23 horas. Esta
medida, según los empresarios, es de una radicalidad extrema. Resulta que los vecinos
pretenden dormir por las noches. ¿Tienen derecho a dormir los vecinos, frente al
alud de beneficios económicos que nos reporta la invasión de turistas gritones
que consumen uno tras otro los tanques de cerveza? Un vecino dormido no
consume, mientras que un turista despierto y sediento, sí.
Omiten los
agraviados detalles tales como el lugar donde orinan nuestros criminalizados visitantes
la nada despreciable cantidad de líquido ingerido, ni el comportamiento que
exhiben en público en las horas de la madrugada, cargados como están de alcohol
barato y de calor sofocante. Se trata de problemas tangenciales al lucro
empresarial, que es sagrado y no se toca por nada del mundo. Mayor perplejidad
me produce el hecho de que se quejen en todos los tonos de la tolerancia
municipal hacia los manteros, que perjudican gravemente al sector con su
competencia desleal, y no digan palabra de Airbnb y sus desahogados procedimientos
de alquiler de apartamentos turísticos. Claro, Airbnb incumple de forma
ostentosa sus obligaciones fiscales so capa de una economía “colaborativa”;
pero tal vez los portavoces del empresariado turístico ciudadano prefieren
obviar el tema para evitar la salida a la luz de sus propias morosidades e impagos de impuestos y tasas.
¿Es de presumir un
fuerte empuje opositor de las entidades quejosas en relación con la política “extremadamente
radical” del consistorio dirigido por la roja Colau con el apoyo del socialista
presuntamente moderado Collboni? Para el caso, los distintos gremios decidieron
expresarse a través de un portavoz conjunto (Gabriel Jené, presidente de la
asociación Barcelona Oberta). Fueron ellos: la Cambra de Comerç,
Pimec Comerç, el Gremi d’Hotels, la Asociación de Apartamentos Turísticos
(Apartur), la Fundación BCN Promoció, la Asociación de Agencias de Viajes
(Acave), la Asociación de Profesionales del Turismo, la Fundación Barcelona
Comerç, Barcelona Oberta y el Gremi de Restauració. La enumeración me trae a la
memoria la descripción que hizo Carlos Marx de la actitud de los campesinos
parcelarios franceses hacia el golpe de Estado de Luis Bonaparte. Los
campesinos no constituían una clase, dice Marx: no estaban ligados por vínculos
solidarios entre ellos, sino por intereses egoístas comunes a todos. Estaban juntos, sí, pero de
forma parecida a como están juntas las patatas de un saco de patatas.