Así editorializa
elpais esta mañana: «Injerencia inadmisible.» Y como subtitulillo explicativo:
«Alemania debe mostrar un respeto escrupuloso al Estado de derecho español.»
¿A qué viene esta
tronada? Aparentemente, a unos comentarios de la ministra de Justicia alemana,
Katerina Barley, acerca de una decisión de un tribunal regional. Pero una
ministra alemana, que ni siquiera está hablando en nombre de su gobierno, no es
“Alemania”. El gobierno de la señora Merkel, de otro lado, ha rectificado la declaración inicial de
Barley y ha dejado las cosas en su punto. Nuestro diario global lo sabe
perfectamente, puesto que ha informado acerca de esa rectificación. ¿A qué
viene el exabrupto indignado, entonces, contra “Alemania” en su conjunto?
Hay más preguntas
en torno a este tema. Por ejemplo, lo que elpais exige que se aplique a España,
¿es válido también para Venezuela? ¿No ha estado nuestro imprescindible órgano
informativo de las mañanas tirando piedras día sí y día también contra otros
tejados, y solo ahora se da cuenta de que el suyo propio es de vidrio? Si ha estado
apelando a los valores y a los baremos de la comunidad de las naciones con
tanta insistencia, en contra de las leyes venezolanas, ¿no debe mantener el mismo
criterio cuando en casa se fuerza algo más que un pelín el ordenamiento
sacrosanto para encajar en la figura delictiva de la rebelión unos hechos que
muy dudosamente se corresponden con lo dispuesto en el código penal?
O sea, visto desde
otro ángulo: ¿no corresponde a España en primer lugar respetar escrupulosamente
su propio Estado de derecho, en lugar de hacer mangas y capirotes con él y
exigir luego respeto internacional a esas mangas y esos capirotes?
Las declaraciones
de Katarina Barley son bastante irrelevantes en sí mismas, pero indican por
dónde podrían ir las cosas cuando la justicia española decida finalmente sobre
la rebelión, la sedición y la malversación, y las personas encausadas recurran
la sentencia ante los tribunales internacionales de justicia.
Existen tribunales
supranacionales competentes en estos casos, y los españoles, todos los
españoles, tienen derecho a recurrir a ellos. Todo ello forma parte de ese
Estado de derecho que es obligatorio respetar por parte de todos. No es el Estado de
derecho español (el venezolano, tampoco) un islote autosuficiente; forma
parte de un archipiélago de leyes y de decisiones jurisprudenciales que afectan
a todas las personas independientemente de su nacionalidad, raza, género,
lengua, etc.
Este no es un caso
de “en mi casa mando yo, y punto”. Por esa razón, supongo, España no entrega a
Venezuela a los opositores al régimen de Maduro que han pedido asilo en nuestro
país. Pero lo que vale en un caso debe valer también en el otro. El
funcionamiento de la democracia se basa en convenciones comunes acerca de lo
que es justo y lo que no lo es, de lo que puede hacer y lo que debe evitar un
tribunal o un ordenamiento jurídico determinado, incluso cuando está convencido
de tener la razón.
Por eso, entre
otras cosas y sobre todas las otras cosas, nos sentimos incómodos con la deriva
de los acontecimientos en Hungría, o en Venezuela, o en Brasil, o en la
frontera sur de Estados Unidos. En ninguno de esos casos nuestra actitud debería
ser la de “no injerencia”.
Por eso, es curioso
que a elpais le asomen de pronto esos pujos nacionalistas, populistas y
decididamente antieuropeos. Unilateralistas, en una palabra.
