Empiezan los tratos
para formar un gobierno autonómico en Catalunya. Habrá, según se nos cuenta, un
52% de consellers de CDC y un 48% de ERC, si bien uno y otro partido se
esforzarán en hacer un hueco para algunos de los independientes calificados que
esmaltan la lista ganadora. No se cuenta con la CUP para labores de gobierno,
pero se la emplaza a apoyar desde fuera la investidura, con dos votos favorables
por lo menos de los diez con los que cuenta.
El problema
principal parece centrarse en “Mas sí o no” para la presidencia. Hay reticencias
asimismo a otros nombres, como el de Felip Puig, relacionado con casos de
corrupción aunque no directamente imputado por ellos. Imagino que también
provocará rechazos un nombre como el de Boi Ruiz, el gran privatizador de la
sanidad catalana en beneficio del propio bolsillo, de la butxaca como se dice aquí; pero es una suposición mía, porque el
nombre no ha aparecido aún en lo que, en un estadio anterior de la evolución de
las artes gráficas, llamábamos “letras de molde”.
La posición de la
CUP, clave en las negociaciones para la investidura, presenta perfiles no sé si
decir desconcertantes o desconcertados. No les gusta Artur Mas como president, no
lo consideran “imprescindible”, pero tampoco lo rechazan de plano si eso
significa “hacer descarrilar el procès”.
Quim Arrufat habla de una propuesta “con más recorrido político”, y Anna Gabriel
sugiere la posibilidad de una presidencia no presidencialista, con tres o
cuatro perfiles de peso equivalente, alguno de ellos el de una mujer, para
dejar constancia “de que las cosas están cambiando”. La sensación que dejan es
la de que siguen pensando en clave plebiscitaria, como si el plebiscito les hubiese sido favorable.
Este “como si” ha
tenido mucha importancia desde el principio en el procès. Cabría definirlo como la continuación de la política de “la
puta y la Ramoneta” por otros medios. Vamos a hacer una consulta no vinculante
pero sí, que se convoca desde la Generalitat pero no, que significa al mismo
tiempo una desobediencia civil y un respeto exquisito a la legalidad, etc. Al
final de tantos jeribeques el resultado de la consulta arroja la cifra rotunda
e incontestable del 47%, pero se sigue vendiendo este resultado “como si” se
tratara de una mayoría suficiente, legitimadora de algún modo, dadas las
circunstancias concretas, bien agravantes o bien atenuantes, que concurren.
La medida de esta
ambigüedad calculada la da un tuit de Julià de Jódar, diputado electo al nuevo Parlament
por la CUP, en el que llama a su formación a defender a Artur Mas de las
acusaciones por la consulta del 9-N.
Estoy de acuerdo
con Julià en el fondo del asunto, vaya eso por delante: no me parece de recibo ningún
tipo de enseñamiento judicial con Mas por una cuestión en la que el poder
central ha acumulado tantas culpas, tantas dejaciones y omisiones
imperdonables, y tantos cadáveres ocultos en distintos armarios.
Pero también me
parece necesario meditar largo y tendido sobre dos expresiones contenidas en el
tuit en cuestión: la primera, cuando se llama a dejar a un lado el “sectarismo
de clase”. ¿Qué es eso, cómo se come, a quién es aplicable y en qué
circunstancias? El sentido del manido clisé se aclara un poco porque, segunda
expresión, Julià define a Mas, “en este sentido” (el de la llamada a la
desobediencia civil el 9-N), como “uno de los nuestros”.
Y es ahí, en el
parteaguas que conduce a la calificación de unos como “los nuestros” y de otros
como “ellos” en el debate catalán, donde se apuntala la malformación congénita
del “Estat propi” que se pretende levantar. Propio de unos, y en cambio ajeno a los otros. Y por esa brecha abierta aflora sin posibilidad de
ocultación el sectarismo rampante de la propuesta, el desgarrón que provoca tanto forcejeo en
el tejido frágil de una sociedad mestiza. Sea o no de clase dicho sectarismo, que respecto de eso
maestros hay en la Sorbona y en Salamanca que sabrán dilucidarlo.