Las dos partes
actuantes – una salvedad: actuantes no es lo mismo que presentes; como existir
más partes de hecho, haberlas haylas – en el conflicto catalán piden democracia
a gritos. La piden, eso sí, para el otro bando. En lo que respecta al suyo propio,
tienen una manga bastante más ancha.
Vamos al detalle.
Jordi Turull ha dicho que “no está encima de la mesa” una convocatoria de
elecciones. Extraña que no esté encima de la mesa; ¿dónde la han puesto,
entonces? Aún no hace nada que democracia era sinónimo de poner las urnas,
donde fuera y para lo que fuera. Los eventos consuetudinarios que han
acontecido en la rúa desde entonces parecen haber convencido al Govern catalán
de que, en el acto solemne de poner las urnas, el para qué también importa.
Antes, esa cuestión nimia no entraba en sus cálculos; ahora sí, al parecer.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Desde el otro lado,
y en una evolución simétrica, parece haber cierta intención de arreglar con una
nueva puesta de urnas el deterioro de la imagen internacional de la marca
España debido a los “excesos proporcionados” – valga el oxímoron – de las
heroicas fuerzas del orden ante las urnas catalanas puestas el 1-O. La cosa
sucede después de que el ministro de Exteriores señor Dastis declarara que los
porrazos en el interior de los institutos fueron “fake news”. Lo malo es que lo
dijo en la BBC, y las cámaras de la BBC habían captado fielmente lo sucedido.
El pitorreo a costa del ministro ha sido considerable.
No es, sin embargo,
un amor genuino a la democracia y a su expresión límpida y transparente lo que
mueve al gobierno de la nación a poner las urnas. De hecho, mientras el PSOE
pide urnas ya, el gobierno prefiere ir por partes: primero el 155, por activa y
por pasiva; las urnas ya vendrán luego.
Soraya fue la
primera en informar a la ciudadanía de que las urnas no bastaban para tanta
ofensa. Rafael Hernando, que maneja la portavocía de su grupo con la boca suelta
aproximada de los boxeadores en el acto del pesaje, ha aclarado que “los que se
han mantenido al margen de la ley tienen que pedir perdón”.
Se refiere a los
otros, claro, no a su partido, que según unos órganos de justicia nada
sospechosos de tenerle manía, se ha lucrado ilegalmente de tropecientos mil pelotazos
y tráficos de influencias en red, todos los cuales han sido interpretados como “casos
aislados” por la jefatura nacional.
Lo uno va
íntimamente relacionado con lo otro. El Govern promovía una elección sesgada y desprovista
de las garantías democráticas mínimas exigibles en cualquier país decente, como
mero trámite previo a una declaración unilateral de independencia (DUI), y
rehúye en cambio unos comicios que pueden rebanarle el pedacito de mayoría que
le ha permitido ningunear sin escrúpulo a un Parlament partido en dos. El Gobierno, que defendía con
ceño severo los procedimientos democráticos cuando eran otros los que los
conculcaban, lejos de mantener una actitud dialogante y de ofrecerse a discutir
los problemas de fondo, pretende empezar la ordalía con una CUI (cientocincuentaycinquización
unilateral contra la independencia) y darse primero que todo un festín de
intervencionismo autoritario (en la economía, en la comunicación, en la
educación, vaya usted a saber en qué más).
Luego, tal vez en
un plazo de seis meses, y en todo caso una vez hecha la digestión del
pantagruélico atracón de ordeno y mando, se convocarían unas elecciones autonómicas
legales que podrían no ser tampoco demasiado libres. Hay quien ha especulado
con la ilegalización preventiva de los partidos separatistas (Pablo Casado,
otro crack de la agresión verbal). En la misma línea de pensamiento, adelanto
la propuesta de ilegalizar también a la BBC. Incluso si pide perdón por el daño
hecho.
