Las empresas del
Ibex-35 tienen en total 1.285 filiales o sucursales en territorios offshore,
cifras actualizadas al cierre del ejercicio fiscal 2015. Casi un tercio de
ellas, 394, fueron creadas en ese último año, después de que en el ejercicio anterior
la fuga de capitales se cuantificara en más de 2.000 millones de euros, con un
crecimiento del 20 por uno (insisto para quienes leen en diagonal: no 20 por
100, sino 20 por 1), en tan solo doce meses.
Las empresas con mayor
presencia de filiales offshore son, ninguna sorpresa en el ranking, Banco de
Santander (216), ACS (152), Arcelor-Mittal (145) y Repsol (120). El territorio
de preferencia es el estado norteamericano de Delaware, con 463 filiales. En tres
de cada cuatro casos no se ha detectado en este tipo de sucursales ninguna
actividad de tipo productivo y/o comercial. Se trata de artefactos financieros
cuya única función es eludir impuestos. Las cifras las proporciona la ONG
Intermon-Oxfam.
La sucursalización
de las finanzas de empresa se ha quintuplicado desde el estallido de la crisis
de 2008. Quiere decirse que se trata de una estrategia de acumulación primaria,
paralela a otras, tales como el recurso al Estado benefactor, un concepto
desfasado ya en relación con la ciudadanía “de a pie”, pero que sigue en plena
vigencia para las entidades financieras del ámbito privado. Si pensamos en las
operaciones de rescate bancario con dineros públicos que nunca serán devueltos,
y les añadimos esos otros capitales que se filtran a través de las fronteras
con intención de no regresar nunca, tampoco, al flujo económico normal, la
conclusión es que la crisis mundial ha supuesto para las grandes compañías el
mítico agosto que, en tiempos, marcaba el clímax de los negocios.
Podría suponerse
que el Estado está tratando de poner trabas al enjuague, pero sucede lo
contrario. La abogacía del Estado ha frenado los intentos realizados desde las
trincheras municipales y autonómicas para evitar la concesión de contratas
públicas a empresas que eluden impuestos mediante la colocación de sus
beneficios en paraísos fiscales. Tales intentos, dicen los letrados, invaden
una competencia que es exclusivamente estatal, la de fijar las condiciones de
la licitación pública. Y el Estado no respalda la inclusión de ninguna cláusula
relacionada con la tributación, para no “discriminar” a las empresas que,
precisamente y en virtud de sus ventajas tributarias y de sus amistades con la
administración, acaparan la parte del león en los contratos públicos.
Porque, dicen los
expertos en legislación fiscal, el hecho de tener sucursales o filiales en
territorios offshore no implica en principio ninguna ilegalidad: es un
ejercicio olímpico y desinteresado de libertad por parte de esos benefactores
de la sociedad que son las grandes compañías. Solo en el caso de que se
demuestre de forma fehaciente que se defraudó, por sentencia firme de los
tribunales competentes, podría apartarse a tales compañías de acudir en
igualdad de oportunidades a la licitación municipal y autonómica (la estatal es
ya un predio sometido a ellas sin restricciones).
Dada la proverbial
lentitud de la maquinaria de la justicia, el evento de una sentencia firme
después de agotados los sucesivos recursos a tribunales superiores, podría situarse,
según cálculo aproximativo y a ojo de buen cubero, en torno a las próximas
calendas griegas o en todo caso las siguientes. Para entonces, las filiales offshore
de las empresas del Ibex, y otras, podrían haberse vuelto a quintuplicar varias
veces. En eso se parecen las grandes financieras a las conejas: en la facilidad
para parir crías.
P.D.- Lector,
acabas de leer el post número mil de este blog. Calculando una media de 650
palabras por post (no creo exagerar), se trata de 650.000 palabras “sacadas una
a una del fondo del mar” como decía de los pescaítos el Piyayo de José Carlos
de Luna, y debidamente alineadas en párrafos y bloques rigurosamente
puntuados según las normas excelsas de la gramática. Parece fácil, visto así.
