Se supone que una democracia se basa en el libre juego y en la
igualdad de oportunidades de las opciones que solicitan el voto de los
ciudadanos. Eso significa que en teoría los ciudadanos poseen una información
veraz y objetiva suficiente para emitir su voto con conocimiento de causa.
Ahora bien, justamente eso es lo que no ocurre en la práctica. Debido a la
concentración y la corporación cada vez mayor de los medios informativos, las
preferencias de estos medios y de los intereses que sirven configuran una
desigualdad – en ocasiones muy marcada – entre las distintas opciones políticas
que reclaman la atención de los votantes.
Un botón de muestra lo ofrecieron las recientes primarias del
PSOE. Desde antes de producirse la elección, todos sabíamos cuál de los
candidatos a secretario general era el preferido del aparato, el que contaba
con más avales, el que recibía los elogios más cálidos de reporteros, opinantes
y tertulianos. Y en este caso se trataba de una elección interna en un partido
que goza, en su conjunto, de las simpatías de un sector significativo de los
medios. En unas elecciones generales, las candidaturas que se enfrentan al statu quo o no se ajustan en todos los
aspectos al mismo, se ven sometidas a una alternativa doble pero igualmente
letal: o la invisibilidad consecuente al ninguneo de los medios, o el bombardeo
furioso con todas las acusaciones concebibles, en el caso de tratarse de
opciones emergentes que pueden poner en peligro los valores intangibles del
sistema establecido.
Que el problema viene de lejos nos lo certifica el informe que la Comisión Hutchings
sobre Libertad de Prensa presentó al Congreso de los Estados Unidos en 1947. Se
constataba en él «la disminución en la proporción de personas que pueden
expresar sus opiniones y sus ideas a través de las prensa.» La conclusión del
informe era que la concentración del poder de la prensa es dañina para la democracia
y una amenaza para la libertad de la prensa misma.
Desde entonces ha llovido mucho, y la concentración de los
medios de comunicación (más su corporación con otras empresas de distintos
ámbitos, cuyos intereses comunes – privados – defienden todas ellas
recíprocamente según el principio del “hoy por ti, mañana por mí”), ha seguido
creciendo. Algunas opiniones recientes (1) sostienen que el problema ha
desaparecido debido a «la fragmentación de la información y de la comunicación
que produce Internet». Pero Internet presenta en sí misma un problema peculiar,
por el dominio de empresas privadas en el suministro de hardware y software,
por el carácter privado de los servicios on-line, y por las facilidades que
tienen tanto las compañías que prestan esos servicios como los gobiernos para
inspeccionar y controlar los contenidos de la red. Por lo demás, sería muy
discutible afirmar que el acceso a Internet “empodera” de alguna forma al
ciudadano que utiliza este medio para difundir sus opiniones. La misma
inmensidad y vaguedad del ciberespacio favorece la invisibilidad de quienes no
gozan de un número muy alto de visitas o de otros criterios de preferencia de
los buscadores. La fortuna de un blog como éste sigue dependiendo de forma
fundamental de elementos pretecnológicos como la difusión “boca a oreja” o el
azar.
No puede decirse que el Estado no haya tomado nota de estos
peligros. Por esa razón, durante las campañas electorales todas las opciones
que se presentan a los comicios tienen reguladas unas condiciones formales y
unas limitaciones de acceso a la prensa y televisión. Eso ocurre a lo largo de
tres semanas, con abstracción de lo que haya ocurrido en todo el período
anterior, en el que no hay trabas a la autopropaganda de quienes cuentan con
más posibilidades económicas o simpatías en los medios. Por desgracia, tampoco
en el curso de la campaña misma tiene lugar una competencia equitativa. Por un
lado, se tarifa la aparición de las candidaturas en función de resultados
anteriores, lo que tiende a cerrar la liza y desanimar a las voces nuevas, que
encuentran demasiado difícil hacerse un hueco mínimo en el aluvión de mensajes.
Por otro lado, elección a elección las comisiones de control constatan que los
poderosos han incumplido las limitaciones impuestas por la ley a la
financiación de la campaña y dedicado al asunto muchos más caudales de los
permitidos, en la esperanza de resarcirse de la inversión con las prebendas a
las que accederán después.
He aquí un problema ante el que no cabe la resignación. El
programa común de la izquierda plural, o en su defecto los que presenten las
distintas organizaciones implicadas, habrán de examinar el tema y proponer
soluciones factibles para el mismo. Una batalla por el derecho a la información
es una batalla por la libertad.
(1) Robert Y. Shapiro y Lawrence J.
Jacobs, Oxford
