«El Estado de
derecho no está en funciones.» Altivas, las palabras dirigidas por la
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría al
flamante president catalán Carles Puigdemont, que
sin embargo se han visto desmentidas de inmediato por los esfuerzos ímprobos de
la fiscalía y la abogacía del Estado para “desinculpar” a la infanta Cristina de Borbón y Grecia de sus potenciales
responsabilidades en una estafa millonaria de caudales públicos.
La primera norma
definidora del Estado de derecho, la igualdad de todos los ciudadanos ante la
ley, es abiertamente ignorada o, peor aún, retorcida, por la acusación pública
en el caso Nóos. Se trae a cuento a propósito de la infanta un recurso
leguleyo, la llamada “doctrina Botín”, puesto en pie en 2007 para darle otro
tantarantán a la igualdad de los españoles ante la justicia, en aquel caso en
beneficio de un banquero. La “doctrina Botín” fue de inmediato desactivada
cuando intentó esgrimirla en su favor Juan María
Atutxa, el cual era ante la ley igual que Emilio
Botín, sin duda, pero quizás no “tan” igual. A Atutxa no se le aplicó la
doctrina.
Ahora sin embargo el
mismo recurso arbitrado con fecha de caducidad para exculpar a una persona
singular, se quiere resucitar, en un alarde de casuística que asombraría a los
mismos jesuitas. Dice la abogada del Estado que la afirmación «Hacienda somos
todos» es nada más un eslogan publicitario. Bueno, pues por esa vía de agua
está mandando al garete todo el Estado de derecho. Si cabe la acepción de
personas en cosas tales como la deuda tributaria, no hay más que discutir, no
estamos en el territorio de Solón o de Ulpiano, sino en el del Chapo
Guzmán.
Por fortuna el
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha
venido a poner las cosas en su punto y ha aclarado las palabras de Santamaría, al
recordar a todos que la Guardia civil es un instrumento de defensa del
ordenamiento jurídico y de la Constitución cuyas funciones no están limitadas
en periodos de interinidad. Acabáramos. No es el Estado de derecho, entonces,
sino los aparatos de Estado. Hacía falta esa explicación crucial.
En 1516 el cardenal Cisneros asumió la regencia de España en
tanto llegaba desde Flandes el nuevo rey legítimo, un mozancón imberbe que ni
siquiera hablaba castellano. El cardenal debió de tomarle gusto al bastón de
mando, de modo que cuando alguien le preguntó qué poder respaldaba alguna
decisión suya controvertida, lo llevó a la ventana y le enseñó el escuadrón de
artillería formado en el patio de armas, con los instrumentos de su oficio (los
cañones) bien a la vista. «Estos son mis poderes», dicen que dijo el estadista,
en lugar de dedicarse a marear la perdiz con el Estado de derecho y el mando en
funciones.
Así todos nos
entendemos. Por lo menos, los ciudadanos de a pie, catalanes o vascos o lo que
sea cada cual. En cambio, cuando nuestras autoridades han de tratar con
banqueros o con infantas, pueden poner en funcionamiento las consabidas disquisiciones
casuísticas y alargar la frase de Cisneros, adaptando para ello la coletilla de
Groucho Marx: «Estos son mis poderes, pero si no
les gustan, no se preocupen: tenemos otros.»
Posdata.- A punto de colgar este post, me llega un recordatorio en vivo de la ruina
real de las instituciones del Estado de derecho en nuestro país. El 9 de
febrero se iniciará en Getafe el juicio contra ocho miembros del comité de
empresa de Airbus,
por “delitos” conectados con el ejercicio del derecho de huelga. Antonio Baylos propone el borrador de un manifiesto
contra la criminalización de unos derechos reconocidos por la constitución. Suscribo
hasta la última coma la iniciativa, y le doy publicidad desde aquí por si a
algún despistado no le había llegado aún la onda. Ver http://lopezbulla.blogspot.com.es/2016/01/contra-la-criminalizacion-del-derecho.html
