La justicia no es
ciega, solo cegata. Y en la actual era tecnológica cuenta con sensores muy
sofisticados que ayudan a orientarla en el laberinto de la casuística. La
orientan, claro, no en todas direcciones de la rosa de los vientos, sino en un sentido determinado. Conviene
discriminar con esmero en estos asuntos; saber, como decía Ana Botella, cuándo
son peras y cuándo manzanas, y cuidar de no meterlas todas en el mismo cesto.
Así, sabemos que
unidades especializadas de la Policía están peinando escrupulosamente los
mensajes electrónicos cruzados hacia el año 2001 por diversos grupos
anarquistas, en busca de pruebas de que Pablo Manuel Iglesias Turrión
incurrió en algún momento en el delito de apología del terrorismo. El material
ya fue examinado en su momento sin que se encontrara nada relevante ni significativo;
la nueva significación de cualquier manifestación ambigua y genérica de simpatía
hacia ETA vendría dada ahora por la condición del investigado como candidato a la presidencia de
un Gobierno que la derecha caciquil considera patrimonio privado suyo.
En Canarias, la
colusión probada entre el ministro José Manuel Soria y el empresario Miguel
Ángel Ramírez ha tenido un rebote peculiar, y desde luego orientado: ex ministro
y empresario acusan de prevaricar a la jueza que instruyó el caso y que, casualidades
de la vida, dejó su puesto para aspirar a una carrera política en las filas de
Podemos.
También puede
hablarse de rebote orientado en el caso de Brasil. La evidencia de la
corrupción desmesurada de Eduardo Cunha, presidente del Congreso, ha sido
contraatacada victoriosamente con el impeachment
de la presidenta Dilma Rousseff, ajena a todo el afer pero culpable de
irregularidades contables en algunos apuntes presupuestarios. Todo un
parlamento pringado de chapapote de Petrobras ha utilizado los argumentos más
jesuíticamente hipócritas para deshacerse de la presidenta. Pueden ver ustedes
los detalles del asunto en un artículo memorable de Javier Doz en Nueva
Tribuna.
El fenómeno no se
limita a cuestiones de campanario. Los “papeles de Panamá” han causado un
revuelo considerable en el mundo financiero global. Ha habido que tomar medidas
de varios tipos, entre ellas judiciales. Se han tomado en dos direcciones: la
primera, tendente de forma genérica a mejorar la transparencia en cuestiones de
circulación irregular de capitales; la segunda, dirigida de forma concreta a
penalizar con severidad las filtraciones que vulneran el secreto inviolable de
los movimientos patrimoniales.
Es decir, que la
justicia se orienta a fomentar la transparencia de un lado, y a proteger la
opacidad del otro. Se pedirá a los evasores un poquito de por favor, y se
empapelará sin piedad a quienes los denuncien.