La práctica de la depredación
salvaje de bienes públicos tales como los espacios naturales y las vidas de las
personas, es algo inherente a las formas de gestión del sistema llamado neocapitalista.
Pueden distinguirse hasta tres modalidades de dicha práctica (probablemente hay
más, sin embargo). En Aznalcóllar (Sevilla, España), 1998, vimos el deterioro biológico
y ecológico del humedal protegido de Doñana debido al descuido por parte de la
empresa extractora en el mantenimiento de una gran balsa de residuos tóxicos, cuyas
paredes acabaron por ceder.
En Rana Plaza (Savar,
Bangladesh), 2013, no hubo desastre ecológico pero sí una terrible mortandad de
trabajadoras del ramo textil que fueron obligadas con amenazas e incluso
coacción física a seguir en sus puestos de trabajo en un edificio de varias
plantas que llevaba varios días amenazando ruina inminente. Por fin, se
derrumbó.
En Brumadinho
(Minas Gerais, Brasil), 25 de enero de 2019, mortandad y desastre ecológico han
ido de la mano al ceder una represa construida por la empresa minera
multinacional Vale SA, cubriendo toda una población y los terrenos circundantes,
en muchos kilómetros a la redonda, con toneladas de barros tóxicos que han
ocasionado la muerte cierta de 58 personas y la más que probable de cerca de
400 más, desaparecidas hasta el momento. Además de la contaminación difícilmente
reversible y la muerte de especies botánicas y zoológicas en las tierras adyacentes
y en las aguas del río Paraopeba, afluente del San Francisco, en la Amazonia.
No se trata de
casualidades, sino de los resultados de una política deliberada que recorta los
costes de explotación hasta el límite, especulando con la seguridad de las
personas y de la naturaleza. Hay una larga lista de accidentes similares.
Reduciéndonos a la minería a cielo abierto, solo en 2018 hubo catástrofes del
mismo tipo en Laos, Birmania, Afganistán, Kenia y Colombia. Tres continentes, siempre
empresas multinacionales, en buena parte los mismos accionistas probablemente
en todos los casos.
Es el expolio en
nombre del beneficio. La ley o la sin ley de la depredación criminal llevada a
cabo mediante una forma societaria anónima y con responsabilidad limitada. Los
daños no se reparan, las muertes no se indemnizan, la destrucción permanece,
las multas millonarias no se pagan o se pagan en una proporción mínima.
Una depredación
impune.
Y una consecuencia
directa más, extrema en este caso, de la negativa por parte del capital a reconocer
el derecho de las personas asalariadas a controlar las condiciones de seguridad
en que realizan su prestación. Las cosas han de hacerse a la manera del patrón,
sí o sí, sin excusas admisibles.
La situación de la
represa de Brumadinho llevaba años denunciada por los trabajadores y los
habitantes del municipio minero. Veremos qué trabajos se llevan a cabo para su
reparación; qué capitales se invierten en la indemnización a las víctimas
directas y a las que han perdido en la catástrofe su vivienda, sus bienes y su forma de vida.
Una cosa es segura:
los capitales, pocos o muchos, que se inviertan en esos objetivos humanitarios, serán
detraídos íntegramente de la prevención dirigida a evitar el próximo derrumbe
de una represa minera, la que sea.
