El concejal
madrileño Guillermo Zapata va a tener que acudir ante el juez por tercera vez, acusado
de los mismos hechos ya desestimados en dos ocasiones anteriores. Lo mismo y el mismo
número de veces le ocurre al jugador de fútbol Neymar Jr., sobreseído dos veces
y culpable de nuevo por ignorancia, más que de haber firmado a tontas y a locas
un contrato profesional, del vicio nefando de vivir y trabajar en Cataluña. No
es descartable que vuelva a ocurrirle otro tanto, uno de estos días, a Rita
Maestre por su exhibición, ocurrida en los tiempos de Maricastaña, de
sinsostenismo en una capilla universitaria madrileña. Rita solo se salvará
temporalmente de nuevas comparecencias en la eventualidad de que el exceso de
celo del Ministerio Fiscal encuentre rápidamente otro objetivo más adecuado que
le permita cuadrar sus estadísticas tendentes a demostrar matemáticamente que
en todas partes cuecen habas (no son sin embargo las mismas habas desde el
punto de vista cualitativo, apostillo).
Son eventos
consuetudinarios que acontecen en la rúa de nuestro idiosincrásico país. Pero
la Brigada Aranzadi ha dado un paso más allá, un paso realmente innovador. El
Tribunal Constitucional ha sentenciado su propia idoneidad para suspender a
políticos en ejercicio. Ocho magistrados han avalado la reforma de la Ley
Orgánica del poder judicial en ese sentido; los tres restantes se han opuesto,
sobre la base de que esas facultades les son impropias. Joan Coscubiela, desde
su “bloc”, ha titulado: «El Tribunal Constitucional se suicida».
Estoy de acuerdo
con Coscu en el largo plazo, pero ¿quién se preocupa por el largo plazo en la
política de este país? Mientras llega ese punto omega en el que se cumplirán
todos los plazos y se pagarán rigurosamente todas las deudas (y mira que son
muchas), me permito señalar que nuestro alto tribunal ha innovado en el tema
clásico de la separación de poderes. Desde Montesquieu la función del poder
ejecutivo era la de ejecutar, y la del judicial, controlar el cumplimiento
exquisito de las normas que conforman el entramado del estado de derecho. Ahora
la función ejecutiva va a pasar a los jueces, que no deben sus mandatos al
mudable voto popular sino a la sabia proporción decantada en petit comité de
las cuotas de influencia respectivas de los partidos constitucionalistas. Los
jueces por su parte asumirán sin reparos los marrones que podrían perjudicar las expectativas de
voto ya sobradamente desgastadas de nuestro partido alfa, caso de asumirlas el
flamante gobierno en minoría recién investido, y al que hay que proteger.
Así pues, según la
nueva división de poderes avalada por la punta de lanza de nuestra Brigada
Aranzadi, el gobierno no gobernará sino que elucubrará; el órgano legislativo real
pasará del parlamento (ineficaz dada su composición) a la comisión europea,
respaldada por las troikas oportunas; y al poder judicial le estará reservada
la misión de cortar las cabezas de los políticos díscolos. El estado de derecho
pasará a denominarse estado de siniestro. De siniestro total.
