sábado, 26 de noviembre de 2016

MARCAR PAQUETE


El breve paso de los dirigentes de los sindicatos mayoritarios por Moncloa nos ha dejado una perla cultivada de la ministra Báñez. Ha dicho que nadie en España cobra un salario por debajo del salario mínimo interprofesional, “porque eso sería ilegal”. Según ella, por consiguiente, basta con publicar una ley en el BOE para que se cumpla de forma automática. Para nada son precisas, por ejemplo, las inspecciones de trabajo.
Ignacio Fernández Toxo ha comentado que el gobierno vive “en una realidad paralela”. Es una forma bondadosa de expresarlo. En la cómoda realidad paralela en la que el gobierno se viene arrellanando, la corrupción no existe porque no es legal, y la finada Rita Barberá fue una persona generosa y altruista que se desvivió por España y murió despedazada por las hienas. La pobreza energética tampoco existe, por la misma razón; y quienes se empeñen en morir de frío y de desnutrición en este país de las maravillas pueden encontrarse con una sentencia en contra muy dura del Tribunal Constitucional.
Volvamos al principio. Los sindicatos acudieron a Moncloa en busca de diálogo social para afrontar unas urgencias que para el gobierno no existen, porque el gobierno no se reconoce en esa realidad. El Delenda está dispuesto a charlar con ellos de cualquier tema, siempre que no se toquen dos cosas: una, el dinero de los presupuestos, comprometido ya con las troikas al cien por cien más 5.500 millones de deuda (ampliables) que habrán de ser enjugados; la otra, la reforma laboral puesta en marcha por el propio gobierno y que tan prometedores resultados está teniendo.
Es decir, siempre que no se toquen los dos asuntos que precisamente quieren tocar los sindicatos.
Mi modestia acrisolada me impide colgarme medallas, y con mayor motivo medallas que pueden colgarse unos cuarenta millones de españoles; pero esto yo ya lo había escrito en un post titulado “Hacia un diálogo de sordos”. El párrafo concreto, disculpen la repetición, es el siguiente:
Ahora mismo los sindicatos CCOO y UGT se están dirigiendo al gobierno con un listado no muy largo pero sí jugoso de reivindicaciones pendientes. Piden un alza salarial después de años de pérdida del poder adquisitivo, pero también una renta mínima de inserción, un impulso a la negociación colectiva y a la concertación, más derechos para los trabajadores, y la vuelta atrás de las reformas laborales. La respuesta que les dará el gobierno es totalmente previsible desde ahora: «Estamos abiertos al diálogo pero no nos moveremos un ápice de nuestra posición, que es la única sensata.» Están abiertos al diálogo de sordos, entonces.
¿Cuál es el objetivo del Delenda, así pues, en relación con el diálogo social? ¿Marcar paquete, simplemente? Los dos sindicatos han propuesto en consecuencia una jornada de movilización el próximo 15D delante de las delegaciones del gobierno de todas las comunidades autónomas, y una gran manifestación central en Madrid el 18D.
La importancia del asunto salta a la vista. Otra cuestión me intriga, a saber si las formaciones políticas que se reclaman de la izquierda apoyan con talante y sin fisuras la iniciativa de los sindicatos, o bien si cada cual intenta recabar protagonismo en esta cuestión y pretende imponer sus recetas particulares sin sumarse, o sumándose a regañadientes, al impulso común. Dicho de otra forma, si el sindicalismo unitario va a comparecer en escena en esta crisis como sujeto político per se aunque también sui generis, puesto que no aspira a gobernar sino a que se gobierne en favor de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. O si por el contrario, los cuarteles generales de los partidos van a seguir empeñados en considerar a los sindicatos como mero instrumento auxiliar, útil en unas ocasiones y en otras engorroso.