Las ediciones
digitales de los periódicos generalistas recogen hoy, con abundancia de textos e
imágenes, la concentración de militantes independentistas en apoyo de
Forcadell, que declara esta mañana en el TSJC. No aparece en ellas, en cambio,
la asamblea seguida de manifestación convocada ayer tarde, también en
Barcelona, por CCOO y UGT ante la sede de Foment para protestar por el sesgo antisocial
de los presupuestos elaborados por el actual gobierno. No hay argumentos
racionales que avalen la publicación de una noticia y la omisión de la otra; ni
por el volumen de manifestantes, ni por la importancia y trascendencia del tema
de fondo. El intríngulis está en otro lado: en la privatización de la
información (bien público por excelencia), y en el sesgo interesado imprimido
desde los despachos de medios y agencias informativas al fluir de la realidad.
Veámoslo en el
Informe Anual de la Profesión Periodística, publicado ayer por la Asociación de
la Prensa de Madrid. En base a una encuesta hecha a 1833 profesionales de todo
el país, resulta que los niveles de paro en la profesión siguen siendo, a pesar
de una cierta estabilización a partir de 2014, superiores en un 74% a los
existentes en 2008, año del inicio de la crisis. Se reducen las plantillas y
crecen los autónomos (tres cuartas partes de ellos forzados por las circunstancias; solo el
26% declara haber optado libremente por el trabajo freelance).
Nada muy diferente en sustancia a lo que está ocurriendo en otros sectores. Pero hay otro
dato que resulta revelador: el 80% de los periodistas encuestados aseguran
haber sido presionados “para alterar partes de su trabajo”. El mayor volumen de
estas presiones (37,2%) ha venido de personas “relacionadas con la propiedad o la
gestión del medio”. El 75% de quienes fueron presionados confiesan haber cedido
a la presión. Un 53% de ellos lo hicieron por temor a las represalias (el
porcentaje es significativamente superior en el caso de los autónomos). Y el
temor no parece infundado: un 48,6% de quienes no cedieron a las presiones
fueron relegados en la asignación de trabajos, y un 20% fueron sencillamente
despedidos.
Es más, un 57% de
los encuestados reconocen haber practicado la autocensura; dicho de otro modo, internalizaron
las presiones presumibles antes de que se produjeran, e informaron, no con la franqueza
y extensión que habrían deseado, sino solo hasta el punto al que se atrevieron
a llegar.
Son datos que
muestran que no estamos inmersos en la sociedad de la información, como nos
aseguran los gurús, sino en todo caso en la de la “comunicación orientada”. Si
solo existe aquello que se publica, según la prensa generalista yo no pude
estar ayer donde estuve, porque aquello fue un no-lugar. Y si la calidad de una
democracia se mide, como tantas veces se ha escrito en todos los tonos, por la
libertad y la pluralidad de la información, tenemos aquí y ahora un serio
problema.
La información: un
tema concreto más en el que los monopolios se están comportando como una apisonadora
con la sociedad democrática.