Finalizada la vista
de la causa, el juez, la fiscal y la letrada de la administración de justicia
entablaron una conversación privada, que nunca habría sido divulgada de no
haber quedado los micrófonos abiertos por inadvertencia de quien fuera. Hubo risas,
chacotas e insultos descarnados a cuenta de una mujer víctima de violencia de
género, que no había comparecido en estrados porque la noche anterior ingresó
en las urgencias de un hospital con un ataque de pánico sobrevenido al saber
que se le había retirado la protección policial. La valoración policial sobre
la denunciante, dato que conviene hacer constar, era de “riesgo extremo”, una calificación
que solo se da en casos excepcionalmente graves, el 0,01% del total según la
SER, la emisora que ha dado publicidad al suceso.
Cuando yo estudié
la carrera de Derecho, vi muchas veces escrita en los libros la palabra “deontología”,
referida al deber ético del juez en relación con la persona que ha solicitado su
amparo. ¿Han cambiado en este punto los planes de estudios?
Se trataba, alega
el juez, de una conversación privada. ¿Cesa el deber de amparo del juez en el
momento en que cruza la línea invisible entre la función pública y el desahogo
privado?
Vamos a suponer que
tiene razón el juez en su sospecha de que la víctima fingió el ataque de pánico,
y que la verá en el próximo programa televisivo de “Sálvame” poniéndole a parir
panteras. Tal circunstancia, sin embargo, no se ha dado aún. Es más, las
estadísticas de muertes violentas de mujeres y de niños (en este caso hay que contar con la existencia de
dos bebés de 21 y 10 meses) no animan a reírse del problema. ¿No es el
desprecio del juzgador a la víctima puesta bajo su amparo, un desprecio
generalizado a todas las víctimas desprotegidas por sus juzgadores, los cuales de
forma reiterada han evaluado incorrectamente la existencia de “riesgos” reales,
algunas veces días u horas antes de que ellas fueran objeto de ataques
irreparables?
Si quien tiene por
su profesión el deber de amparar al débil, no lo defiende y se burla de él,
¿quién lo defenderá en el estado de derecho al que, en hipótesis, todos tenemos
derecho?
Una última
pregunta, a la espera de la decisión final del Consejo General del Poder
Judicial: ¿quién es el “bicho” y el “hijoputa” en este caso, la mujer o el
juez?
