En la apertura del VII
Spain Investors Day, un evento celebrado en Madrid cuya función es animar la
inversión extranjera, el rey Felipe VI ha dado por cerrada la etapa de “atonía”
económica en España, y ha atribuido esta circunstancia “en gran parte” a un
cambio de modelo de crecimiento económico, debido a la apuesta decidida por la apertura
al sector exterior. «Gracias al trabajo duro y a la contribución de toda su
población, España se está moviendo», afirmó el monarca.
Hay cierta
diferencia, como suele ocurrir en toda exposición de los entresijos de la
economía, entre lo que expresan las palabras y el mensaje real que se está
entregando, más allá de ellas. Da la razón al monarca Benito Berceruelo,
presidente del simposio, al manifestar que España «vuelve a ser interesante
para los inversores extranjeros». Las razones reales, sin embargo, posiblemente
tienen poco que ver con las tres bondades de la internacionalización, según
Felipe VI: «crea empleo, expande la base de empresas exportadoras residentes en
España, y ayuda a cimentar un nuevo modelo de crecimiento, basado en una
economía abierta e innovadora.»
Los datos
descarnados muestran una realidad distinta. Por ejemplo, según el Tribunal de
Cuentas, el agujero determinado por el rescate a la banca se sitúa a fecha de
hoy en una cifra superior a los 60.000 millones de euros. Por ejemplo, la
ministra de Empleo ha reconocido que los fondos para la Formación recaudados a
partir del 0,7% de la base de cotización de los trabajadores asalariados,
fueron destinados a otros usos; y en 2015, una vez determinado en los
tribunales que tal cosa no era posible, se dejaron sin gastar 240 millones. Por
ejemplo, las ocho autopistas de peaje actualmente en quiebra y riesgo de
liquidación, soportan una deuda conjunta de 3.400 millones, y el ministro de
Fomento Íñigo de la Serna ha anunciado que el Estado se quedará finalmente con
ellas, haya o no haya rescate.
En todas estas
actuaciones, o no existen responsabilidades de los promotores de los desastres,
o tales responsabilidades no se depuran. No es que se haya decretado una
amnistía, es que existe impunidad.
Un dato muy
atractivo, en efecto, para potenciales inversores extranjeros: el Estado se
hará cargo de los potenciales pufos que vayan apareciendo.
Tal perspectiva se
ve considerablemente reforzada si se examina el comportamiento del impuesto de
sociedades en nuestro país. En 2007, Hacienda recaudó 44.833 millones de euros
por ese concepto; en 2015, menos de la mitad: 20.649 millones. Lo cierto es que
el dato no avala la afirmación de que “se ha cerrado la etapa de atonía”
anterior. Sí puede sostenerse, en cambio, que se ha generado un nuevo modelo de
crecimiento económico. Como mal puede mantenerse que los ingresos reales de las
empresas que operan en territorio español se sitúan hoy en torno al 40% de los
del año 2007, la conclusión forzosa es que dicho modelo se basa en la elusión
de sus obligaciones fiscales por parte de las empresas. Otro dato de gran
atractivo para el inversor foráneo.
No me resisto a
dar, como conclusión, otros datos fiscales aún, que tomo como los anteriores de
una tribuna de Jesús Mota en elpais: en 2014, los ciudadanos españoles que
declararon por el IRPF ingresos anuales superiores a los 601.000 euros, fueron 5.394, algo
menos del 0,01% de los declarantes; en 2007 habían sido 10.580. En el escalón
inmediatamente inferior (entre 150.000 y 601.000 euros), las cifras han pasado
de 96.477 declarantes (2007) a 63.122 (2014). Cuando el rey habla del trabajo
duro y la contribución de “toda la población”, está desconociendo el hecho de que
los ricos se borran. La solidaridad solo es de recibo entre los perdedores de
la crisis.
María Luisa
Poncela, secretaria de Estado de Comercio, ha anunciado: «España es el noveno
país más abierto a la inversión extranjera.» Convendría que especificara
también cuál es nuestra posición actual en el ranking de paraísos fiscales.
