No es una errata,
lo han leído bien. Es consenso común entre los economistas la teorización de
que el sistema capitalista funciona de modo tal que la recompensa a la fuerza
de trabajo se establece a partir de una evaluación técnica del alcance de su
prestación; pero en cambio la recompensa al capitalista es mayor, porque se incluye
en ella una compensación variable por el riesgo asumido al colocar en el
mercado su patrimonio.
Ocurre que no es
así, o por lo menos no es así en todos los casos. Lo explica en una tribuna de
elpais el profesor Carlos Sebastián (1), con un título acuñado por Max Weber, “Capitalismo
políticamente garantizado”, que demuestra que el invento dista mucho de ser
reciente.
Es el caso de
Abertis, empresa que construyó la autopista AP-7 y que ahora debe ser indemnizada
con dineros públicos porque el tráfico ha resultado ser menor que el previsto
inicialmente. Así figura en el contrato suscrito, no por ningún contubernio
Gürtel o Púnica o Lezo, sino por el anterior jefe del gobierno, señor Rodríguez
Zapatero. Es decir, que el Estado ha ofrecido a la segunda parte contratante la
prima debida, según la teoría, al capital por el riesgo asumido, pero sin
que exista asunción de ningún riesgo. A cosica hecha. Salgan o no salgan los números, tú
recibes tu parte acordada de beneficio. Si no alcanzan a pagar esa parte los
usuarios, lo harán los contribuyentes.
El asunto, medita
el profesor Sebastián, puede tener algo que ver con el carrusel de las puertas
giratorias, pero no se explica enteramente desde esa perspectiva. Lo que
subyace detrás de tales asuntos es la sólida instalación de una estructura
clientelar pública-privada muy extendida, que rebasa en mucho el círculo de
influencia de las empresas del Ibex en cuyos consejos de administración figuran
políticos relevantes.
Se trata de un
fenómeno de parasitismo del capital, que se remunera a sí mismo con dineros
públicos por prestaciones conseguidas mediante tratos de favor con las
administraciones. Sus consecuencias en la competencia y la eficiencia de la
economía nacional son muy graves, por más que el cálculo exacto resulte difícil
de concretar. El profesor Sebastián lo expresa así, literalmente: «La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estima que las malas
prácticas en la contratación pública generan un sobrecoste del 25% (un 4,7% del
PIB), pero el coste real puede ser mayor por sus efectos sobre la eficiencia
productiva.»
