Los accidentes de
trabajo repuntan. Ha habido 149 muertes en el primer trimestre de 2017 pero las
cosas van mucho más allá, no todos los accidentes que se producen en el trabajo
mismo o in itinere tienen resultado
de muerte. En conjunto, el porcentaje de la siniestralidad laboral ha aumentado
en un 5,6% respecto del primer trimestre de 2016.
Se trata de un
aumento neto. Es decir, no obedece a la regla de tres de que, a más población
empleada, también más accidentes. Cierto que ha crecido (estadísticamente) el empleo, pero el porcentaje de siniestros en 2016 se calculó en relación
con el censo laboral de ese período preciso; y el de 2017, también. Quiere decirse que no ha habido
un incremento “natural” y punto, sino un incremento “natural” más el 5,6%.
La
explicación de la cifra está en relación muy directa con la precariedad del empleo y con la escasa
duración de los contratos, pero también con las malas condiciones objetivas en
las que se realiza el trabajo. Así lo ha manifestado Oscar Bayona, técnico de
la secretaría de salud laboral de CCOO: «Más allá de factores como la
precariedad, hay un conjunto de relaciones laborales que afectan directamente a
los trabajadores y elevan las desprotección y siniestralidad de éstos.»
Alguien puede tener
la sensación de que la reclamación internacional de “empleo decente” se refiere
a un empleo “decentemente pagado”. Es eso, claro, y es más. No hay una preocupación
consistente, ni en el empresariado (considerado en general, con tantas
excepciones como valgan) ni en la autoridad laboral, sobre las condiciones
concretas de seguridad e higiene en las que tiene lugar la prestación del trabajo.
Lo de la autoridad laboral se confirma con otra estadística: al tiempo que crecía
desde el año pasado la siniestralidad, se ha reducido el número de
inspectores de trabajo.
De modo que nos
vemos enfrentados a dos lacras que se superponen: la primera es la de los “trabajadores
pobres” cuyos ingresos no alcanzan el salario mínimo interprofesional; la
segunda, la de los trabajadores en riesgo, por la falta de condiciones adecuadas
en el desempeño de su prestación.
Como suele llover
sobre mojado, las dos condiciones expresadas vienen a recaer con frecuencia en
las mismas personas. Una precisión más: esas personas son, con mayor
probabilidad, personas jóvenes. Tanto para las mujeres como para los varones,
las estadísticas muestran que las cifras más altas de siniestralidad laboral
afectan a la franja de edad comprendida entre los 16 y los 24 años.
Hoy se están
discutiendo en las Cortes los presupuestos generales del Estado. De las cifras
presentadas y de los argumentos con los que se defienden esas cifras, no se
desprende ninguna preocupación especial por este tema. Ni siquiera alguna
cautela parecida a la etiqueta que es obligatorio incluir en los paquetes de
cigarrillos, y que en este caso diga: «Ojo, el trabajo mata.»
