Hay gentes a las
que no gusta que se les impongan límites desde el Estado. De hecho, prefieren la
situación inversa: imponer ellos mismos límites, incluso vetos puros y duros, a
la acción de los Estados.
El tema de la
transición energética es paradigmático. Todo el mundo está de acuerdo en
principio en recurrir prioritariamente a fuentes energéticas no contaminantes.
En principio. Lo que sucede inmediatamente después, ya es otra cosa.
El Partido
Popular-Madrid ha interpuesto dos recursos contra el plan municipal Madrid
Central, dirigido a disminuir la contaminación atmosférica en la capital. Es
sabido que desde 2010 se están rebasando los máximos permisibles de NO2
fijados por la Unión Europea, de modo que la calidad del aire no solo es hoy
deficiente, sino directamente nociva para la salud de los ciudadanos. Cada vez
más gente se muere por causas conectadas directamente con el aire viciado que
respiran, las estadísticas están ahí. El PP-M considera, no obstante, que lo
verdaderamente nocivo es imponer límites a la circulación de automóviles
privados.
La patronal
automovilística, por su parte, ha puesto el grito en el cielo contra la prohibición
inmediata de fabricar vehículos movidos por diesel, y la fijación de un plazo
medio, el año 2040 (dentro de 22 años; la vida media de un automóvil es de 12,3
años), para que todos los vehículos sean eléctricos.
“Se perderán muchos
puestos de trabajo”, han dicho los empresarios, apresurándose a sacar a relucir
el espantajo que agitan siempre que se quiere coartar de algún modo su codicia
por los beneficios fáciles y cuantiosos.
No hay nadie más
aficionado a dejar perder puestos de trabajo que la clase empresarial. Una demostración
palpable de ello es el hecho de que la plantilla, la fuerza de trabajo
asalariada, que antes figuraba en la columna de los activos de la empresa,
según el nuevo sistema de contabilidad se ha trasladado al pasivo. Cuanto menos
gasto de personal, mayor es el valor de venta (subrayen ese “de venta”, que enuncia
la ley implacable del mercado: vales por tanto como te vendes) de la empresa.
Todo el entramado actual de deslocalizaciones, externalizaciones y recursos a
la economía “colaborativa” obedece en último término a esta realidad: que las
empresas, en mayor medida aún que aquello que producen, son objeto permanente de
compraventa especulativa. Y para resultar más atractivas y cotizarse mejor, deben
desfilar por la pasarela del “mercado” transnacional ligeras de equipaje.
“No hay tanta
electricidad” como para asumir un parque de automóviles eléctricos tan amplio,
dicen. “Si se eliminan los hidrocarburos, crecerá la dependencia de la energía
nuclear, que es la más peligrosa.” No. También se va a poner coto a la energía
nuclear. De lo que se trata es de sustituir progresivamente, pero con toda la celeridad
posible, las actuales fuentes energéticas por otras no contaminantes y
sostenibles: solar, hídrica, eólica, geotérmica. Cuando se ponga en marcha, en serio, este
proceso, la instalación de nuevas plantas generadoras creará a medio plazo muchos más puestos de trabajo de los que pueden
perderse con la eliminación de los motores diesel (ahora) y de gasolina (con
plazo hasta 2040). Para la industria automovilística, de otro lado, se trata de una sustitución de determinados componentes del producto que ofrecen, no de una supresión del mismo.
“Una ley
irresponsable”, truena el economista neoliberal Lorenzo Bernaldo de Quirós, hoy
mismo, en lavanguardia. Lo irresponsable es su crítica: “caerán en picado las
ventas de automóviles, la economía se estancará, la nueva norma solo acarreará
perjuicios, el Estado no debe inmiscuirse en los negocios.” Etcétera. Es sabido
de qué pie cojea Quirós. Es imaginable de qué fondos de reptiles cobra sus
colaboraciones. Según su propuesta, y la de los accionistas multinacionales de
la industria mundial del automóvil, lo responsable sería mantener el actual crescendo
insostenible de depredación, de contaminación y de catástrofes
medioambientales, para llegar, cuanto antes mejor, a un fin del mundo
anticipado y verdaderamente apoteósico.
En el plan está
incluido el atar de pies y manos a las legislaciones estatales, o municipales
en el caso de Madrid Central, para que no puedan impedirlo. Porque al hacerlo, atentarían
contra la sacrosanta libertad de mercado.
