Un artículo
reciente de Mariana Mazzucato, “La prevención del feudalismo digital” (1),
sitúa con sobriedad el problema principal de la innovación: «Ambas
empresas [se refiere a Amazon y Google] utilizan sus posiciones dominantes para reprimir la competencia, ellas
controlan cuáles productos son vistos en línea por los usuarios, y favorecen a
sus propias marcas (muchas de las cuales tienen nombres aparentemente
independientes). Al mismo tiempo, las empresas que no se anuncian en estas
plataformas se encuentran en grave desventaja.»
La situación actual, caracterizada por la influencia
creciente de la economía de las plataformas, señala Mazzucato, es de feudalismo
puro y duro (2), y no de democracia económica: «Los algoritmos y el big data podrían utilizarse para mejorar los
servicios públicos, las condiciones de trabajo y el bienestar de todas las
personas. Sin embargo, estas tecnologías se utilizan actualmente para socavar
los servicios públicos, promover contratos de cero horas, violar la privacidad
individual, y desestabilizar las democracias del mundo: todo ello en aras del
beneficio personal.»
Los gobiernos cuentan con poder suficiente para poner
coto a esta situación, si no quieren dejarse caer en el dulce adormecimiento de
una servidumbre voluntaria al gran capital: deben dirigir la innovación de modo que produzca beneficios sociales, y favorecer
la genuina creación de valor, en lugar de condescender con la simple y cómoda extracción
de valor, que ha alcanzado en la economía global un volumen gigantesco, con
efectos desastrosos para la igualdad y para el bienestar social.
He marcado en cursiva el verbo “dirigir”. Dirigir la
innovación desde los gobiernos supone una herejía para el credo ultraliberal,
que estima que solo el mercado debe dirigir el curso de la economía, desde una
supuesta omnisciencia de lo que mejor conviene al mayor número de agentes
económicos. Pero como señala Mazzucato, donde nos lleva ese sistema es a la
subordinación permanente y forzosa de los más a la religión de las ganancias pingües
predicada por los menos.
El problema de los gobiernos ─como el español que ha de
salir de la próxima y enésima consulta electoral─ es decidir con qué grupo de
intereses se alinean: con las corporaciones, o con una ciudadanía
crecientemente desamparada y explotada; con los algoritmos, o con las personas;
con la gobernanza abstracta y verticalizada de los fenómenos económicos y
sociales, o con el concurso inteligente de las organizaciones intermedias que asumen
la representación de una diversidad social conflictiva quizás, pero no
incompatible con la búsqueda democrática de un bien común más allá de las
diferencias.
(2) Coincide
Mazzucato en su planteamiento con Alain Supiot (La gouvernance par les nombres, Fayard 2015), que caracteriza como
“vasallaje” la situación de predominio de las ─no necesariamente grandes─
corporaciones frente a constelaciones amplias y jerarquizadas de empresas
subordinadas y un número creciente de trabajadores precarios y sumergidos..
