Pablo
Iglesias propone al país un
“compromiso histórico” que renueve la política y la forma de hacerla en nuestro
país. Grandes palabras. Les encuentro sin embargo un defecto, y es que sus
dardos se dirigen en exclusiva a la plasmación constitucional de ese gran compromiso
plural. Quizás no haga falta tanto. A veces pretendemos grabar en bronces las recetas
de cocina.
Me refiero a lo
siguiente. La democracia real e igualitaria se practica, más que se inscribe.
Un cambio de ley electoral puede ser oportuno, pero sin duda es algo demasiado “adjetivo”
para incluirlo en una constitución. La justicia independiente no es algo que
haya que reformar constitucionalmente puesto que depende, como en el caso
anterior, de las formas de elección de los órganos judiciales. Hay que acabar
con la corrupción sin la menor duda, pero las leyes ordinarias ya están ahí, incluida
la prohibición formal de las puertas giratorias; y no por elevar el rango de
las leyes se incrementará su cumplimiento. Acabará por ocurrirnos como a los
constituyentes gaditanos, que votaron a favor de que los españoles fuéramos
justos y pacíficos. Ojalá bastara con escribirlo.
Otro tanto cabe
decir de la inscripción en la ley magna de los derechos sociales y de las
normas relativas al medio ambiente. El respeto genérico ya lo tenemos plasmado
ahí, donde habría que incidir más es en cuestiones de orden práctico tales como
la reforma de la reforma laboral, la prevención diligente de las distintas manifestaciones
de las violencias de género, o el estacazo y tente tieso a quien realice
vertidos incontrolados de residuos tóxicos.
Queda el último
punto del compromiso propuesto por Iglesias, la constatación del carácter
plurinacional del Estado y el encaje adecuado de sus distintas partes a través
de la concreción del derecho a decidir. Sí es, en efecto, materia
constitucional, pero estamos tan lejos de un acuerdo mayoritario en ese terreno
que el compromiso podría retrasarse hasta las calendas griegas.
Conviene en todo
caso, mientras tanto, ir haciendo camino, en lugar de pararnos a meditar sobre
un virtual proceso constituyente. Es exactamente lo que ha propuesto hace pocas
fechas, en un discurso sonado en el salón de actos del Ayuntamiento de Mataró, José Luis López Bulla. Él propone abrir, no un proceso
constituyente, sino “reconstituyente”, entendido el término como aquello que
restaura las energías y el ánimo. Les ruego que lean con atención lo que ha
propuesto (1). Está seguramente un escalón más abajo en el rango jurídico respecto
de la propuesta de Iglesias, pero es también un método más pragmático y eficaz,
más en corto y por derecho.
A ustedes les toca
elegir, según sus gustos y preferencias, entre el compromiso histórico de Pablo
y el compromiso pragmático de José Luis. Lo que en todo caso no es de recibo, es
la propuesta hecha por Felipe González en el
mismísimo acto de su aparición en campaña, al pedir, en Vicálvaro, que nadie vote
a los asesores políticos del anterior gobierno de Venezuela.
No hay que
confundir las churras con las merinas, don Felipe. Los comicios venezolanos ya
pasaron, ahora estamos aquí. Esas descalificaciones globales tienen un
recorrido político muy corto, y en Vicálvaro no se le ha perdido a nadie nada
en las orillas del Orinoco. Con el debido respeto, su aparatosa puesta en
escena en campaña ha tenido mucho de salida de pie de banco.
