El diputado
Francesc (Quico) Homs tendrá hoy el cuarto de hora de gloria que todos merecemos
en este mundo, al abrírsele juicio en el Tribunal Supremo por “desobediencia y
prevaricación” en la puesta de urnas del 9N en Catalunya. “Quico” lo ha celebrado
por todo lo alto, con dos declaraciones espectaculares, si bien escasamente – o
nada – rigurosas. Ha dicho en primer lugar que si hay condenas por el 9N, ese
será “el fin del Estado español”. A continuación, y preguntado por los
recientes hallazgos en casa del ex tesorero de CiU Andreu Viloca que
implicarían de forma directa a Artur Mas en la “trama del 3%”, las ha calficado
de “mentiras artificiosas” urdidas en Madrid, y ha dado como ejemplo otras
actuaciones azarosas, bien conocidas, del Ministerio del Interior y de la
policía política.
Homs, abogado
hábil, tiene una parte de razón cuando afirma que no es condenable aquella
puesta de urnas. Las acusaciones de desobediencia y prevaricación son
inconsistentes con la actitud adoptada entonces por el gobierno del PP, al
dejar hacer sin intervenir, y declarar que la votación no significaba nada ni
tenía ningún efecto. Ahora, en cambio, la califica de “golpe de Estado” y de
atentado contra la convivencia. El poder central es incoherente al desmentir sus
propias declaraciones públicas, recogidas en los medios y esgrimibles por tanto
en su contra: si aquello no fue nada, y no significaba nada, y se dejó hacer
sin oposición de las instancias a las que correspondía intervenir, no cabe
ahora condenarlo judicialmente. La función del ejecutivo no consiste en ir
poniendo demandas a los tribunales.
Pero de ahí a
sostener, como hace Homs, que una condena significará el fin del Estado
español, va un trecho muy largo. Me temo que el dirigente del PDECat está
expresando nada más un desiderátum personal. Sin embargo, más que pronosticar
un derrumbe de las instituciones, lo que convendría desde una óptica
democrática genuina sería reforzarlas. Incluso desde el punto de vista de
quienes quieren marcharse del convento, el desiderátum debe ser que España se
comporte en todo de forma justa y democrática con quienes son (en el peor de
los casos) todavía sus súbditos. La coletilla añadida por Homs de que “la
democracia no puede castigarse con el código penal” contiene una implicación aun
menos cierta: la de que la democracia está en este pleito volcada enteramente
de un lado, y ausente del otro. El forzamiento evidente de las convocatorias
electorales catalanas, de su significado y sus implicaciones; y los números que
se han utilizado para sostener que el “pueblo” catalán en bloque quiere la
independencia, han sido una maniobra turbia, cargada tanto de medias verdades
como de posverdades, y contraria a un espíritu rectamente democrático. Democracia
no es solo poner las urnas; aviados estaríamos si de eso se tratara.
Por parte tanto del
PP como de JxSí, esto es lo más cierto, se ha preferido romper la baraja antes
que dar entrada a jugar todos. Cuando digo “todos”, me refiero a todos, no
todos los de un determinado signo. Todos, y con las garantías debidas a la
posición de cada cual. Eso es lo que algunos llamamos derecho a decidir, y eso sería
democracia auténtica, sin trucos de trilero.
En cuanto a los nuevos
hallazgos policiales en casa del señor Viloca, ignoro por completo su contenido
y su trascendencia. Pero la pretensión de Artur Mas de elevarse por encima de
la corrupción – firmemente documentada judicialmente – de las mordidas de su
partido a cambio de concesiones de obras públicas, es paralela a la de Mariano
Rajoy, cuyo manto de armiño sigue aún levitando sin mácula sobre el cenagal en
el que han chapoteado sus adláteres más próximos, las personas a las que él mismo
eligió, alabó y jaleó en toda circunstancia, y sobre las que aún reclama la “presunción
de inocencia” al tiempo que imparte su bendición sobre los fiscales fieles y envía
a sus arcángeles Rafael Catalá y José Manuel Maza con espadas de fuego para expulsar
del paraíso terrenal a los fiscales díscolos.
