Enmarcada en la
implacable campaña contra la corrupción que está dirigiendo en solitario el
Partido Popular, y que algún día la ciudadanía de este país reconocerá y
premiará como se merece, ha aparecido la cuestión colateral del presidente de la
Comunidad Murciana, Pedro Antonio Sánchez, imputado por la justicia debido a
indicios sustanciales de favores intercambiados con la llamada trama Púnica. Ahí
se están traspasando, a juicio de la alta dirigencia del PP, determinadas
líneas rojas, de modo que ha salido con contundencia al paso desde el viejo
principio jurídico latino del “ubi dixi dico”, que algunos autores traducen
libremente por “donde dije digo, digo Diego”.
Sánchez no debe
dimitir, sostiene Mariano Rajoy, porque en este asunto como en todos rige ante
todo la presunción de inocencia.
Respetamos todos,
cómo no, la presunción de inocencia. Nada impide, sin embargo, la dimisión de
sus cargos de un presunto inocente que se ha visto colocado en una situación
equívoca en relación con las funciones públicas que desempeña. Yo sostendría incluso
que la dimisión neta y transparente tiende a favorecer la presunción de
inocencia, en el sentido de que el implicado atiende sobre todo a la concepción
del cargo como un servicio público que no debe quedar manchado por la sospecha;
y no, en cambio, como una prebenda personal que costó al interesado dios y
ayuda alcanzar, y a la que no piensa renunciar salvo en la eventualidad de un
desalojo a cañonazos.
Por medio anda
además el pacto anticorrupción firmado por el PP con Ciudadanos, que apoyó la
investidura de Mariano "en aras a la gobernabilidad". Allí se especifica que el
imputado por corrupción debe dimitir de inmediato de su puesto. Hay, sin
embargo, diferencias en la interpretación de la letra del pacto. Noelia Arroyo,
portavoz del gobierno murciano, nos ha ilustrado esta mañana en la cadena SER con
el desglose de algunos de los desacuerdos perceptibles en la doble versión.
En primer lugar, dice
Noelia que no se debe confundir imputación con encausamiento. La imputación ha
desaparecido además del nomenclátor judicial, de modo que mientras no haya
encausamiento formal, nada de nada. En segundo lugar, también discute el
término corrupción. En el caso de Pedro Antonio Sánchez, no habría tanto
corrupción como prevaricación. La diferencia entre los dos términos parece
sustantiva: tal vez Noelia Arroyo considera que prevaricar es una conducta
social normal y aceptable, que no causa alarma social y no obliga a ningún
dirigente municipal, autonómico o estatal, a cesar en el ejercicio de sus altas
funciones, por muchos pactos que así lo abonen. Es de suponer que, incluso en el
caso de que alguien – por ejemplo Pedro Antonio Sánchez – fuera a parar a la
trena por un asuntillo de prevaricación más o menos, seguiría ejerciendo sus
funciones “desde mi celda”, a la que cada mañana se presentaría puntual su
secretaria para pasarle a la firma los papeles en curso de tramitación.
En tercer lugar, y
este es un argumento aportado por otro portavoz popular cuya identidad no he conseguido
precisar, la corrupción debe ir ligada al cargo, no a la persona. Lo que hizo
mal el alcalde de Puerto Lumbreras no puede ser achacado al presidente de Murcia,
por más que ambas funciones hayan recaído sucesivamente en la misma persona, a
saber Pedro Antonio Sánchez. Se puede ser un alcalde corrupto y un presidente
autonómico irreprochable. Dado que el alcalde ya dimitió en su momento, por las
razones que fuese (en este caso, para seguir su carrera política desde una posición
más alta), no procede que vuelva a dimitir de otro cargo distinto en el que no
ha hecho nada malo, que se sepa.
Hay un cuarto
argumento definitivo, el que podríamos denominar “doctrina Noelia” sobre los
presuntos imputados. La expresión “se entenderá”, que figura en el pacto anticorrupción
PP-C’s, significa para la portavoz murciana que quien “entenderá” si hay o no
hay corrupción será el propio interesado, contra cuya resolución unipersonal no
cabe recurso posible. Esta última presunción, me temo, invalida todo lo dicho
anteriormente como cháchara insustancial.
En conclusión. Hemos
hecho un pacto como unas hostias. Como España no podía de ninguna forma seguir
sin gobierno, este es en consecuencia el gobierno corrupto hasta la médula que
nos hemos dado. Hemos clavado en la dura peña, como hizo el paladín Roldán con
su espada Durandarte, la presunción de inocencia, mantenida a viento y marea incluso
pese a toda clase de pruebas en contrario. A ver ahora quién la desatasca. Como en
la vieja leyenda, en la roca granítica luce una inscripción: «Nadie la mueva,
que estar no pueda con Rajoy a prueba.»
