Han sido detenidos hoy
varios (en lavanguardia se habla de decenas) ex altos cargos de la antigua CDC,
en relación con ese sistema de financiación ilegal del partido ampliamente
conocido como “método del 3%”, si bien fuentes judiciales y policiales prefieren
denominarlo Operación Pika, nueva fase de la que fue llamada Operación Petrum
cuando arrancó, allá por 2014, con un registro en la alcaldía de Torredembarra.
No hay nada nuevo
bajo el sol, según la formulación bíblica. Cuando desde la plaza Sant Jaume se
nos informaba en tono airado de que Madrid nos roba, lo que subyacía a tal agravio
era el hecho de que la mordida centralista menguaba considerablemente las entradas
de cash que la propia Generalitat ingresaba subterráneamente a partir de su
propia red de contactos. Los parámetros revelados de uno de los robos de Madrid
(sin duda la cosa no se queda ahí) están ya suficientemente claros, desde las
habilidades de Bárcenas hasta la trama Gürtel; los de Convergència, también, fijados
en el 3% taxativo por cada concesión de obra pública.
No se percibe
arrepentimiento en ninguno de los dos focos de una corrupción masiva que, más
allá de consideraciones éticas, ha empobrecido al país y ha encabronado las
posibles vías de salida a la crisis. Durante años, las acusaciones cruzadas de
corrupción han sido respondidas con el clásico “Y tú más”. No solo las cruzadas
entre PP y Convergència; ese cáliz tampoco ha pasado de largo del PSOE.
En todo el tratamiento
mediático de este zurriburdi, una cuestión está quedando sospechosamente fuera
de foco: donde hay corrupción, hay un corruptor. Veamos, por ejemplo, otra
noticia reciente sin relación aparente con la anterior. El Consejo de Seguridad
Nuclear está a punto de aprobar la prolongación de la vida útil de la central
de Garoña. No lo ha hecho aún porque la única consejera opuesta a la medida,
Cristina Narbona, ha esgrimido los estatutos para exigir el cumplimiento del
plazo de una semana para tomar la decisión. Los cuatro consejeros restantes,
incluida la socialista Rosario Velasco, están firmes en la idea.
No es probable que Garoña
reabra, las inversiones necesarias serían prohibitivas. Lo interesante en este
caso es el fuero, no el huevo. Las eléctricas podrían reclamar indemnizaciones
por lucro cesante en caso de abrirse la puerta a la legalización de la
ampliación del funcionamiento de las nucleares más allá de los plazos operativos
previstos en su construcción. Las eléctricas son expertas en recibir dinero a
mansalva de los gobiernos; son un ejemplo de manual del comportamiento extractivo
de los sectores estratégicos públicos que han sido privatizados, y del buen
funcionamiento y engrase adecuado de las puertas giratorias. Garoña es
propiedad de Endesa e Iberdrola.
La complacencia de
la política hacia esas formas de depredación privada de los caudales públicos
obedece a un principio sólidamente establecido en los negocios desde la época
de la república romana: do ut des, el
intercambio de favores. Es difícil avanzar contra la poderosa corriente de esa
colusión entre corruptores y corrompidos. Un fortalecimiento del Estado, una
reversión de sectores económicos privatizados al dominio público, y una mayor
vigilancia democrática por parte de los partidos y de la ciudadanía, serían la
vía más factible para poner remedio a tanta proliferación de malos usos y de robos
de lo común. No sé si aún estamos a tiempo para tal cosa.
