Desde la mesa de los Diálogos Cataluña-Andalucía, uno de sus promotores, el historiador Javier Tébar, defiende la cooperación periférica y la estructura transversal de un Estado más próximo y más empático con la ciudadanía. A su lado, Blanca Rodríguez. (Foto: Diálogos)
Égida es una
palabra antigua y algo cursi. Significa “escudo”. No me la tomen en cuenta, es
solo que no quería poner la palabra “escudo” (tiene esa clase de connotaciones,
como “bandera”; imaginen que titulara “La Constitución por bandera”, la ruina
para mi modesto blog).
La denostada
Constitución, como arma defensiva; esa es la idea. Se da el caso curioso en este momento
de que, desde la derecha y la izquierda simultáneamente, asistimos a defensas y
ataques cruzados, en sentidos y con pretensiones distintas, de la ley suprema
del 78. La situación real queda perfectamente expresada en el artículo de
opinión de Jordi Amat en lavanguardia de hoy, titulado «Casado contra el 78».
(1)
Existe en una parte
de la clase política la fuerte convicción de la necesidad de convertir el “café
para todos” del Estado de las autonomías en una descentralización
administrativa de dimensiones mucho más modestas. Lo llaman “recentralización”.
En esa idea coinciden las derechas ultranacionalistas que claman por la “unidad” (léase
“uniformidad”) sagrada de la patria, como sectores jacobinos encastillados en
las dos izquierdas clásicas (PSOE e IU). La idea subyacente es poner coto al
separatismo vasco-catalán e inyectar más racionalidad en el gasto público en
infraestructuras.
El peligro, nada
teórico porque hace muchos años que convivimos con él, es que la idea de la
recentralización administrativa degenere en un recentralismo ventajista y
descarnado. Madrid ha crecido ya hasta la hipertrofia y la macrocefalia, es la
comunidad más rica del Estado con diferencia, y su consideración como baricentro
de la geopolítica ha determinado un monopolio práctico tanto del diseño de las
comunicaciones como de la dirección dominante de los flujos económicos, del
centro a la periferia y de la periferia al centro.
Un ejemplo entre
miles: en años recientes el corredor mediterráneo ha sido descartado repetidamente como prioridad
inversora. No cabe otro argumento para su marginación que la idea crucial
(nunca mejor dicho) de que todas las prioridades inversoras deben pasar
necesariamente por el centro.
Señala Amat que,
desde la derecha, Pablo Casado desea el previsible choque de trenes, y en
particular una jornada de caos para el próximo viernes, con la finalidad
bastante manifiesta de implantar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución
para un largo tiempo, sustituir para siempre la policía autonómica (los Mossos)
por la nacional, e «iniciar una demolición premeditada del Estado territorial
de 1978».
Sectores de la
izquierda jacobina no ven mal en principio, como queda dicho más arriba, la idea
de una demolición premeditada, cuando menos del Título VIII de la Constitución,
“De la organización territorial del Estado”. La correlación de fuerzas arroja
un balance en contra lo bastante fúnebre para que la minoría canalla de malos
patriotas de la Antiespaña secular llamemos a refugiarnos bajo la égida de lo
que fue acordado por consenso un día y así ha quedado escrito, votado y refrendado.
Algo parecido ─desde
luego no igual─ viene a suceder con los capítulos II, “De los derechos y
libertades”, y III, “De los principios rectores de la política social y
económica”. En ambos casos nadie predica la necesidad de una reforma; se
ignora, sencillamente, la ley, y en los casos más extremos se vulnera sin
escrúpulo. Pero a esta cuestión ya me he referido de forma explícita hace poco
(2). Me remito a lo dicho allí.
