Nota
previa.- Se utiliza aquí el
neologismo “putorreforma” en consonancia con las instrucciones de uso respecto
de la partícula “puto” emanadas de la Real Putoacademia Española (RPAE).
La ministra en
funciones de Economía y Empresa Nadia Calviño nos tiene a todos en vilo desde
que manifestó que no ve “productivo” derogar, ni tan siquiera reformar, la
reforma laboral de 2012. En su opinión, sería preferible avanzar hacia “un
Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI”.
No entiendo bien la
argumentación de la ministra. Cualquier Estatuto de los Trabajadores que se
elabore ahora, ya sea bueno, malo o incluso pésimo, será del siglo XXI por derecho
propio. Pero si pretendemos llegar a ese objetivo autocumplido primando el diálogo
social, como también ha dicho la ministra, convendría desembarazar antes el
camino de algunos obstáculos, colocados recientemente, que obstruyen dicha vía
hasta bloquear enteramente el tránsito.
Según la última putorreforma
laboral (que viene a enfatizar lo ya legislado en la putorreforma anterior), la
organización del trabajo es competencia exclusiva del empresario, y el empleo
es tan solo una variable dependiente de la función “empresa”; variable que
puede ser suprimida mediante el pago de indemnizaciones mínimas siempre que el
empresario alegue, no ya pérdidas, sino replanteamientos estratégicos de su
actividad.
Hay ejemplos
recientes sobre ambos extremos. La ley que obliga a fichar a los trabajadores
para certificar las dimensiones reales de la jornada laboral y establecer el
pago en consecuencia, ha sido considerada un atropello por algunos portavoces
de la primera parte contratante. Un empresario del ramo de la hostelería ha
expresado el malestar gremial del modo siguiente: «Ahora resulta que al acabar
la jornada mis empleados van a tener que dejar de trabajar.»
Sí, sin paliativos.
Eso es lo que resulta ahora; de eso es de lo que se trata.
Respecto de la
segunda cuestión, trabajadores fijos del Partido Popular han sido pasados a
eventuales de un día para otro, y despedidos de inmediato conforme a las reglas
establecidas en la reforma laboral para los de su recién estrenada condición.
De ese modo, la otra parte contratante se ha ahorrado un millón de euros en
indemnizaciones. «Es la legalidad, ¿de qué se quejan?», ha sido el comentario
de Pablo Casado ante la prensa, al saber que los eventualizados despedidos van
a poner denuncia.
Entonces, Nadia
Calviño debería aclarar por lo menos para quién “no es productivo” derogar o
reformar la putorreforma laboral, para no lanzarnos todos juntos a la elaboración
consensuada de un gran Putoestatuto de los Trabajadores que nos coloque derechamente
en la senda del putofuturo.
Porque podría suceder
que se nos estuviera invitando a un duelo en el OK Corral en el que los representantes
de los trabajadores dispondrían únicamente de los puños y de la obediencia
estricta a las normas del noble deporte del boxeo para luchar con limpieza, y
en cambio a los representantes de la empresa se les permitiría el manejo del revólver
de repetición que ya están utilizando en abundancia para reducir plantillas y
forzar horarios “legalmente” de la forma que más les peta.
Nadia Calviño
debería aclarar esta circunstancia con la mayor rapidez y urgencia. Quienes
hemos apostado y votado por el cambio no deseamos encontrar en mitad del camino
un ministerio-tapón, ni vernos forzados a un gran pacto social a punta de
pistola. Bien está que las autoridades de la UE hayan dado por finalizada la
fiscalización minuciosa de las cuentas del Estado español, pero si el precio
que hay que pagar por la benevolencia fiscalizadora de los Moscovicis y los
Draghis es mantener las normas laborales ahora vigentes, tal benevolencia no
nos resultaría en absoluto “productiva”, para decirlo con la expresión de la
ministra.
O putoproductiva, dicho
en plan más desgarrado.
