Busto de Abderramán III, obra
de Fernando Ortiz Villarroya, retirado de la plaza de Cadrete (Zaragoza) por el
nuevo concejal de Urbanismo, de Vox.
El nombre del poeta
y soldado republicano Miguel Hernández ha sido traído a descuento en las
noticias de actualidad reciente, en dos ocasiones. La primera, cuando el
portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, acusó a Ximo
Puig de que su administración “habría” vetado la publicación de los versos del
poeta por estar escritos en castellano. Cantó estableció de esa sencilla manera
un cortocircuito de la memoria histórica, al defender el verso en castellano de
Miguel Hernández, muerto en las cárceles franquistas, y defender asimismo y de
forma simultánea el pacto de su propia formación política con Vox, plataforma
reivindicativa desacomplejada del franquismo sociológico.
En el mismo tipo de
cortocircuito ha incurrido la Universidad de Alicante al ordenar el borrado del
nombre del alférez que ejerció de secretario en el tribunal militar que condenó
a Miguel Hernández, citado en varios artículos publicados por el historiador
Juan Antonio Ríos Carratalá.
Se ampara de ese
modo el deseo comprensible de desmemoria familiar de los herederos de Antonio
Baena, pero al precio de mutilar la verdad histórica. Recurre el hijo del
alférez Baena a la actual Ley de Protección de Datos, pero debería distinguir
(y si no lo hace él, debería hacerlo la Universidad de Alicante) entre los
datos que corresponden al ámbito privado y los que pertenecen al dominio
público. ¿O es que se trata de privatizar también la historia?
Los nombres de
Franco, Mola, Yagüe, Queipo de Llano, Millán Astray o los Caídos de la División
Azul siguen presentes en los callejeros de algunas de nuestras ciudades, y algunas
de sus momias descansan en mausoleos religiosos que honran su memoria pública. Estaría
bien que sus herederos de sangre pidieran la retirada de esos nombres y esos
huesos del pedestal de lo público, y los reintegrasen con humildad al culto
privado. Pero no ocurre así, es al contrario.
Al mismo tiempo un
busto del califa Abderramán III, que era rubio, ojizarco y andaluz, pero que no
pertenece a la memoria histórica privatizada por un determinado nacionalismo
rancio, ha sido retirado del lugar que ocupaba en Cadrete por el flamante concejal
de Urbanismo, de Vox.
En esas estamos. Se
trata de saber si la memoria y la desmemoria histórica son propiedad privada,
moldeable y utilizable a voluntad por quienes se han apropiado de ella por la fuerza de los hechos o de los votos; o si la memoria íntegra,
compleja, contradictoria, de la Historia de todos forma parte intrínseca de
algunos conceptos muy maltratados en general por el uso político y/o mediático
que de ellos se hace: el pueblo, la ciudadanía, el común, la soberanía popular.
