Judas Sánchez, entregando a la
España divina a la soldadesca con un beso infame. Retrato ideal.
Hay montada una
movida considerable contra la investidura del día 7. Los consensos democráticos
en el seno del Parlamento parecen estar asegurados, de modo que no queda otro
recurso que la voladura por la brava del puente sobre el río Kwai o sobre el
río que sea. Al parecer.
Está en primer
lugar esa gran manifestación anunciada por la derecha contra la investidura. Insólito:
una manifestación contra la expresión de una correlación de fuerzas
exquisitamente legal y democrática. Las fuerzas vivas de la España de siempre
se rebelan no solo contra un imaginario contubernio socialdemócrata / secesionista,
sino contra las decisiones de obligado cumplimiento del Tribunal Europeo. Cuando
la vía de la judicialización de la política a secas se ha revelado
insuficiente, solo cabe ya el recurso al pataleo contra la democracia
horizontal. Aquí la rancia tradición ha sido denigrar la horizontalidad y preferir
con mucho la democracia vertical, orgánica, a su degeneración partitocrática.
(Los manifestantes patrióticos
están razonablemente seguros, de todos modos, de que las fuerzas del orden no
se van a emplear contra ellos, por esos maricomplejines que caracterizann
secularmente a los demócratas horizontales en su repugnancia a reprimir las
libertades vengan estas de donde vengan.)
El broche de oro en
esta coyuntura precisa, sin embargo, no está en la manifestación con banderas
sino en la carga de dinamita liberada sorpresivamente por el Poder Judicial
contra la investidura. No de otro modo cabe calificar la decisión de la Junta
Electoral Central en relación con Torra y Junqueras, y en esta fecha precisa.
Se trata de un
último intento muy desesperado de separar por vía judicial las churras de las
merinas y conseguir de ese modo una adecuada ceremonia de la confusión parlamentaria
capaz de abortar las intenciones de Judas Sánchez de gobernar con un programa
progresista inspirado en la quiebra de las esencias, el irrespeto de los
beneficios bursátiles y la llamada de atención a los empresarios para que
cumplan las obligaciones que les señala la Constitución vigente, esa a la que apelan nuestras derechas pegando "en un lao" los gritos y poniendo "en otro los güevos", según doctrina del gaucho Martín
Fierro.
Para salvar por lo
civil o por lo penal la unidad de la patria, la Junta Electoral Central,
compuesta al cincuenta por ciento por miembros del Tribunal Supremo y por juristas
de reconocida solvencia, se apunta por un suspiro (siete votos a favor por seis
en contra) a romper la patria en cachos, unos bendecidos y otros señalados con
el estigma de la traición.
Ante el insólito
espectáculo institucional, cabe hacerse la pregunta clásica de un Josep Pla
atónito: «Y todo esto, ¿quién lo paga?»
