Limpieza de oficinas, un ámbito
laboral en el que la fijeza en el empleo es prácticamente inexistente.
De “temporalidad
insoportable” califica Antonio Baylos la conclusión que cabe extraer de un
informe sobre el mercado de trabajo en 2018, realizado por Alberto Pérez, de
ADECCO Group. El lector podrá encontrar el comentario pormenorizado del
catedrático de Derecho Laboral y maestro de laboralistas en https://baylos.blogspot.com/2019/12/los-resultados-de-la-contratacion-en.html.
Las cifras son terribles:
21,5 millones de contratos para un censo laboral de 16,45 millones de personas,
lo que supone ya una primera anomalía. Y solo el 6,74% de esos contratos tuvieron
carácter de indefinidos; lo que en las actuales circunstancias del mercado de
trabajo no significa tampoco que su duración esté garantizada: más del 40% de
ellos no resisten los seis meses de vigencia.
De los contratos temporales
(93,26% del total), un 29,82% fueron extendidos para un periodo que no llegaba
a los 7 días; en un 43%, la duración fue inferior a un mes. La gran mayoría de
estos contratos temporales desatendieron las modalidades de contratación para
la formación y en prácticas, y recurrieron a dos figuras jurídicas concretas: “circunstancias
de la producción” (9.829.687 contratos, lo que significaría una imprevisión asombrosa
por parte de la dirección de la empresa acerca de las circunstancias de la
producción, si no significara otra cosa) y “obra y servicios” (8.267.138) lo
que sugiere que la plantilla teóricamente “normal” con la que la empresa
afronta su actividad regular, o no existe, o está reducida al mínimo mínimo.
Subraya Baylos que el
peso incuestionable de las cifras citadas indica que existe una contratación
irregular, practicada en fraude de ley y contra los preceptos constitucionales que
amparan el derecho al trabajo; y que esa irregularidad está “consentida” por
las autoridades laborales. Los empresarios trasladan todas las incertidumbres y
los contratiempos del proceso productivo a sus asalariados, se aseguran de su
docilidad, e infringen los derechos que les corresponderían en un estado de
derecho en tanto que personas y ciudadanos.
Estamos hablando de
empresarios “normales”. Además de esa fuerza de trabajo asalariada cifrada en
16,45 millones de personas, sería preciso hacer entrar en el cómputo global a
los “autónomos dependientes”, oxímoron por desgracia muy real en el trabajo
organizado en plataformas como Uber o Glovo, y los “emprendedores” que se
explotan a sí mismos con jornadas agotadoras o con trabajo “a la espera”, para
grandes empresas que recurren a ellos como una forma aceptada, que no
aceptable, de incrementar la cuenta de resultados a partir de un ahorro sustancioso
en fuerza de trabajo limpia de polvo y paja, ya que cotiza por sí misma las
cuotas correspondientes a la asistencia sanitaria y la previsión social.
Un último dato significativo
del informe de Alberto Pérez incide en la geografía de la precariedad.
Precariedad la hay en todas partes, desde luego, pero en el microscopio del
análisis pueden apreciarse diferencias sensibles entre aquellas provincias que
no llegan al 2% de contratación fija (son cuatro: Jaén, Huelva, Córdoba y
Badajoz) y las otras cuatro que superan el 10% (Madrid en cabeza con el 14;
Baleares, 12; Girona, 11,2, y Barcelona, 10,59).
