Representación ideal de un contribuyente
agobiado por la factura de la luz. Sant’ Ambrogio da Milano. (Foto de Jordi
Pedret Grenzner)
Vamos a dar por sentado
que España no se rompe. “Salvo alguna cosa”, añadiría don Mariano Rajoy. Quizá,
pero esa cosa no es Cataluña. En La Vanguardia de hoy vienen los datos de la
inversión española en innovación, en un artículo de Blanca Gispert que lleva
por título «España se hunde aún más en el ranking de innovación de la UE.»
Busquen por ese lado lo que se podría romper; el país podría verse empujado más
atrás en las cadenas de valor internacionales, y quedar condenado definitivamente
a una economía de ladrillo y servicios de hostelería, esmaltado de apartamentos en serie
en la costa y de patatas bravas con sangría en el chiringuito por las noches locas.
Nada de nuevo empleo “de calidad”, así pues.
La coyuntura, sin embargo,
ofrece grandes oportunidades en el sector de la energía para una inversión de carácter
sustancialmente público, con la colaboración necesaria de nuevos agentes del sector
privado y del tercer sector.
He dicho “nuevos” agentes.
La alternativa sería encomendarse a las endesas, las naturgys y las iberdrolas,
de modo que se acentúe el cuasimonopolio de su oferta eléctrica en un contexto
económico nuevo. Seguiríamos pagando el kilovatio a precios caprichosos determinados
por la ruleta de la fortuna, y las acciones de las grandes compañías
engordarían de forma visible.
Esto es lo que dice Teresa
Ribera en una entrevista publicada en “Cinco Días”. La pregunta era: ¿Es cara la transición energética que plantea
el sector? Y la vicepresidenta para
la Transición Ecológica en el gobierno de coalición progresista responde del
modo siguiente:
«No es cara, es rentable. Lo caro son los combustibles
fósiles. La transición energética permite que haya muchos más productores en
escalas diferenciadas y con costes operativos muy bajos. Lo que se requiere es
poder financiar la inversión necesaria.»
Subrayo las condiciones “posibles”
de una transición enfocada en esta dirección: a) muchos más productores; b) en
escalas diferenciadas; c) con costes operativos muy bajos; d) con una
financiación adecuada de la inversión inicial necesaria.
La solución no pasa por la
creación de una gran empresa eléctrica pública capaz de competir con las
gigantes privadas, sino por un replanteamiento a fondo de todo el sector, que
suponga la entrada en el mismo de muchos pequeños productores, unos a partir de
iniciativas municipales o comarcales (como ha sucedido en la Barcelona de Ada Colau),
y otros constituidos por grupos de pequeños emprendedores, hasta ahora “disuadidos”
por la prepotencia y la marrullería de las grandes del Ibex, que dictaban
condiciones inaceptables para la competencia.
La transición energética
no puede resolverse en una subasta de los permisos de explotación al mejor
postor, y en el olvido de la economía de las comarcas mineras o de las
poblaciones que han crecido y han especializado su fuerza de trabajo en torno a
una central nuclear que ahora va a ser desmantelada. Una transición justa,
democrática, equitativa para todos y participativa. Esas han de ser las
condiciones.
Y en todo este trayecto
problemático de una España del carbón a otra basada en energías renovables y
sostenibles, van a ser necesarias negociaciones largas, difíciles y enormemente
trascendentes.
Para que España no se
rompa. Para que no la rompan los intereses de unas élites financieras apoyadas
en lobbys de influencers muy vistos en los consejos de administración y en las
portadas de las revistas ilustradas.
Hay también otras "élites" patrióticas,
envueltas en banderas de gran formato y con cuernos de toro bravo encasquetados
en la cabeza, que se posicionan ya para entrar a saco en el corral, dispuestas
a decidir por nosotros y arramblar con todo lo que esté a la vista, así el
santo como la limosna.
