Ilustración del artículo de Antonio
Baylos “Cansancio” (ver https://baylos.blogspot.com/2021/07/cansancio.html),
del que lo que sigue abajo es mera exégesis o comentario.
Puede que sea debido a esa
norma casi de obligado cumplimiento que figura en un lugar destacado de nuestro
refranero: «Para lo que me queda dentro, me cago en el prior y en el convento.»
Es decir, por la constatación de que se va haciendo insostenible a la corta ignorar
que la fecha de caducidad de nuestra cúpula judicial está batiendo récords no
ya históricos sino casi arqueológicos, por lo que los presuntos implicados tal
vez anden diciéndose entre ellos por lo bajini lo mismo que cantábamos nosotros
a gritos destemplados en la mili, después de la retreta de cada día: «Esto se
acaba, no hay quien lo pare, chunda-chunda-chunda…»
Está esa sentencia sobre
el cartel de Vox que ataca a los Mena con una mentira; pero que se deja pasar
con una argumentación (son un problema social; ergo, no son personas, no son
sujetos de derecho) que ni siquiera se molesta en guardar las formas. Hablo de
las formas jurídicas, pero pongan en su lugar cualquier otro tipo de formas, y
tampoco las guarda. Es una sentencia racista y chulesca, a lo viva Cartagena y
que me disculpen los cartageneros.
También está el caso de
Isa Serra, a la que en cambio se condena con todos los agravantes por el hecho
de que pasaba por ahí. Aquí el tribunal desatiende las presunciones de
inocencia, las garantías establecidas y los datos suministrados por las
grabaciones puestas a su disposición, y eleva su propia convicción en
conciencia a la categoría de prueba del delito. Lo mismo hizo pocos años atrás el
juez Moro con Lula da Silva, y ahora los tribunales superiores de Brasil han
rectificado el principio por la razón de que, una vez establecido ese patrón subjetivo
para medir los delitos y las penas, todo el andamiaje jurídico penosamente construido
para mantener en su fiel la balanza de la Justicia, se viene por los suelos y en
el caos resultante solo queda en pie, tan campante, la arbitrariedad pura.
España empieza a dejar de
ser un Estado de Derecho, así de claro, cuando algunos jueces ya no se
conforman con interpretar las normas aplicables, sino que las innovan a su
criterio; un criterio que tiene mucho que ver con el color de la ideología desde
la que analizan la realidad. La Justicia española padece violencia, y sus
funcionarios más notorios se están moviendo con armas y bagajes hacia la
ultraderecha, donde se encuentran sus más íntimos contertulianos, aquellos con
los que comparten el último güisquito after hours en un reservado del Madrid
ideal dibujado por la musa Ida, adonde no llegan ni las variantes delta del
virus ni los preceptos constitucionales que consideran iguales ante la ley a
todos los ciudadanos, sin excepción ni acepción de personas.
