Desde la portada de
elpais puede dar la sensación de que solo en Venezuela están pasando cosas,
pero no. Es preciso leer también la letra pequeña, y de ella se desprende que
el gobierno español está ultimando la preparación artillera para conseguir la
aprobación de los presupuestos generales del estado. Ahora que, según parece,
el PNV va a decir que sí, se aprecia una muy notable aceleración de los tiempos
políticos. Por una parte Rajoy, de acuerdo con Rivera, ha decidido retrasar la
entrada en vigor del impuesto comprometido sobre bebidas azucaradas, no sea que
moleste a alguien y cause remolinos en las sosegadas aguas parlamentarias. (Al
respecto, se amonestará a Podemos por sus malos modos en el hemiciclo; es un
chiste parecido al de la condena a una muchacha por sus tuits sobre Carrero Blanco.) También se ha
bajado el IVA a los espectáculos en directo; no al cine, que aún escuecen las
críticas en las ceremonias de los Goya. Y se promete, una vez más y con
parecidas garantías de incumplimiento, la creación inminente de 500.000 empleos.
Al mismo tiempo,
siguiendo la tradición bíblica de que la mano derecha no se entere de lo que
hace la izquierda, el gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los
presupuestos de Catalunya, por incluirse en ellos una partida (cuidadosamente camuflada, por otra parte)
para el referéndum.
El palo asoma
detrás de la zanahoria. La zanahoria metafórica sería la reciente oferta de 4,2
mil millones en infraestructuras para Catalunya. Una golosina tentadora. Será
difícil, con todo, que los grupos de ERC y PDeCAT muerdan el anzuelo y
transijan con unos presupuestos estatales que prometen tantas venturas; el
recurso contra la autonomía es una bofetada nada metafórica, y llega apenas
cuarenta y ocho horas después de la inhabilitación de Quico Homs, otro par de
banderillas en todo lo alto.
Lo cierto es que el
voto en contra de los presupuestos por parte de los catalanes con asiento
parlamentario se daba por descontado desde el principio. La opinión muy
mayoritaria del país no consentiría ninguna otra alternativa. Por eso, la
oferta inversora no ha sido formulada en clave parlamentaria ni de negociación
bilateral. Responde a una lógica distinta: es el tiro por elevación, en lugar
del fuego graneado.
Rajoy no planteó su
oferta delante de Carles Puigdemont ni de Oriol Junqueras. Su intervención, en
un acto ad hoc organizado por el
ministerio de Fomento, iba dirigida a las cúpulas empresariales y financieras,
las patronales y las cámaras de comercio catalanas. La elite, la crême de la crême.
Tenemos en
Catalunya unas elites patriotas, levantiscas en ocasiones, convencidas de que
Madrid nos roba, y profusamente indignadas por ese dato incuestionable. Su
talón de Aquiles reside en el hecho de que hablan el mismo lenguaje de Mariano
Rajoy y son sensibles a una invitación personal enviada desde el ministerio de
Fomento. Fue ante ese público privilegiado, en un entorno sazonado por el
perfume del dinero, donde el presidente del gobierno habló de “sellar las
grietas” abiertas por el procès, y
rehuir “aventuras empobrecedoras”. Quien tenga oídos, entienda.
El gobierno ha
acelerado su ofensiva no solo en el frente presupuestario sino además en el
tema catalán, pero, en este último caso, en una dirección inesperada. Ni permiso
institucional, ni diálogo bi o multilateral: dinero. El procès está en jaque. Puigdemont
ha dicho que “ellos” podrán poner palos en las ruedas, pero no impedir el
referéndum. No se ve, sin embargo, qué medios tiene a su alcance para recuperar
la iniciativa. Su debilidad política se ha acentuado, y le han cortado la línea
de suministros.
