Simpatizo con la
huelga de los taxistas. (Ya está dicho, ea.) No conozco todos los recovecos del
asunto, y por lo tanto no puedo decir hasta qué punto están justificadas las medidas
que han tomado, decididamente molestas
para la ciudadanía aunque, imagino, beneficiosas para el medio ambiente de la
ciudad. Tanto combustible que deja de quemarse, ahora que dicen que llega la
ola de calor “de verdad”, es un alivio no de despreciar.
Me parece una
barbaridad el proyecto anunciado off the record de cerrar el puerto y las
fronteras si no se atienden sus peticiones. Si es una mera amenaza tendente a
mejorar las condiciones de la negociación, pase. El oficio del taxi es duro, son
horas y más horas al albur de las calles, las pejigueras de la licencia, del
coche con su mantenimiento, de las restricciones de días y horas de
circulación, de los clientes bordes y los borrachos, de los atracos.
El taxi es un
servicio público. Necesario. Reglamentado. Los reglamentos pueden necesitar
retoques en función de circunstancias nuevas, no lo sé. Pero los reglamentos,
en un servicio público, no pueden ser torpedeados alegremente por la iniciativa
privada de plataformas que operan con un número ilimitado de “socios” que
aportan sus propios vehículos para un remedo de economía “colaborativa” en la
que no existen ni reglamentos, ni garantías, ni relación laboral, ni seguridad
social, ni nada de nada de nada.
Estoy en contra de
Uber, Cabify y los demás VTC (vehículos de transporte con conductor). Se trata
de plataformas no sostenibles, que obtienen su lucro precisamente de ignorar la
existencia de reglamentos, de cuotas, de licencias y de horarios establecidos. Si
se suprimiera toda esa reglamentación embarazosa y restrictiva, desaparecerían
de inmediato también los VTC, porque desaparecería su oportunidad de negocio. Las
plataformas se sitúan en los intersticios de la reglamentación, en una
situación de ilegalidad tolerada, gracias a su versatilidad para llegar al
cliente en menos tiempo y con tarifas más bajas. Sus conductores se ven
sometidos a una doble explotación: han de responder cuando son llamados, no
tienen horarios ni condiciones de trabajo establecidas, no cobran de la
plataforma sino del cliente, y sobre ese cobro han de entregar una parte al “gran
hermano”, al “patrón” que no lo es porque se denomina “socio”.
Que el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña ampare ese tipo de actuación decididamente
pirática en nombre de la libertad de comercio, tiene bemoles. Que rompa y
descalifique la pauta convenida entre el Ayuntamiento de Barcelona y el sector
del taxi, con el argumento de que el tema debe ser decidido por una autoridad
de orden territorial superior, sería demencial de no deberse en última
instancia a la repugnancia profunda que sienten sus señorías por el nivel
social y el cariz político de las personas que cortan el bacalao, metafórica y
literalmente (Ada Colau fue calificada de “pescatera” por un académico de la
Lengua), en la Casa Gran.
La huelga del taxi
me genera incomodidades, como a todo el mundo, pero estoy bastante bien
dispuesto a soportarlas. Espero que tenga un desarrollo cívico y pacífico, y
que llegue a buen fin. Lo que ustedes y yo entendemos, sin necesidad de mayores
puntualizaciones, por un “buen fin”.
